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El ilícito se suscitó el pasado 19 de junio en la carretera a Viacha, donde los uniformados habrían recibido dinero de dos personas encargadas de un camión con contrabando.
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Los varones declararon ante la Policía que la mujer estaba bailando y por su estado de embriaguez se cayó al piso, golpeándose la cabeza, pero la FELCV detectó elementos que generan dudas sobre esa versión.
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Deben cancelar 32 millones de pesos chilenos, equivalente a 48.000 dólares. La cifra equivale al avalúo aduanero de los dos vehículos en que ingresaron a territorio chileno, sin pagar los impuestos correspondientes. El abogado defensor de los bolivianos anunció que estudiará la apelación.
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Achá deberá acreditar un domicilio en La Paz, donde debe cumplir detención con un custodio y no ir a las oficinas de YPFB.
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En la audiencia donde se entregó la sentencia del juicio abreviado que enfrentaron nuestros compatriotas detenidos el 19 de marzo en la I Región, la jueza sancionó con una multa de 32 millones 176 mil pesos chilenos y 3 años de cárcel.
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“Esperemos que la justicia finalmente se imponga sobre las presiones. En cualquier caso, lo importante, lo seguro y lo que esperamos los bolivianos, con mucho ánimo, es el retorno de los nueve bolivianos inocentes que han sido castigados injustamente, finalmente retornen a sus casas y con sus familias”, afirmó.
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A menos de una semana de dejar la presidencia de la empresa estatal más grande de Bolivia, Achá podría ser enviado a la cárcel con detención preventiva.
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Para acceder al procedimiento abreviado, uno por uno los bolivianos aceptaron los hechos de la acusación planteados por la Fiscalía chilena.
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Advierte que el gobierno de Chile tendrá que responder ante la historia por el abuso de poder del cual son víctimas hace más de tres meses, siete funcionarios de la Aduana Nacional y dos militares del Ejército boliviano.
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Agentes a cargo del caso señalaron que los narcotraficantes habrían recibido apoyo de policías, porque desde el Vraem hasta Puno pasaron más de siete controles.