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Diversos estudios sobre cultura política en Latinoamérica han mostrado que las instituciones policiales, junto a los partidos políticos, son percibidas con marcada desconfianza por los ciudadanos. El Informe Latinobarómetro para el año 2011, por ejemplo, destaca que mientras la Iglesia se encuentra entre las instituciones que goza de una mayor confianza (64%), la Policía (33%) y los partidos políticos (29%) son miradas con desconfianza por la población.
No se trata, por lo tanto, de un fenómeno exclusivo de los bolivianos. Sin embargo, ese dato se torna aun más preocupante si lo relacionamos con los altos niveles de inseguridad y delincuencia en Bolivia, que se sitúa al nivel de los países más violentos de América Latina como México y Honduras, situación que ha sido establecida por medio de encuestas de percepción ciudadana. En otros términos, la sensación de inseguridad ciudadana está relacionada con la mediocre y mala imagen que tienen los ciudadanos de su institución policial.
El ingreso presuntamente irregular de 54 cadetes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), es un dato que revela, mejor que las estadísticas de percepción ciudadana, la presencia de serios problemas de transparencia, rendición pública de cuentas y acceso a la información en la institución verde-olivo, una de las entidades estratégicas del Estado Plurinacional.
La Policía Boliviana no puede quedar al margen de las disposiciones legales en materia de lucha contra la corrupción, que han sido aprobadas en el país en los últimos años y tampoco puede quedar al margen de la Política Nacional de Transparencia. Como el conjunto de las entidades estatales, la Policía está sujeta a diversas obligaciones en materia de transparencia y acceso a información.
No es difícil establecer que el caso ANAPOL se ha incubado en una atmosfera de secretismo institucional; de hecho, la Policía (como otras instituciones estatales) tiene grandes zonas oscuras en el tema de acceso a la información, la base de una política de transparencia. Así, los medios electrónicos disponibles (http://www.policia.bo/) aun carecen de los atributos necesarios para propiciar una interacción activa con la sociedad civil y para ejercer efectivamente sus obligaciones sobre el acceso a información.
Un par de ejemplos muy sencillos al respecto. No ha establecido con claridad qué tipo de información en manos de la Policía debe ser proporcionada al público, y que tipo de reservas especificas de información podrían existir, tomando en cuenta el carácter estratégico de la institución; es decir, se constata la necesidad de identificar qué tipo de reservas deben existir (vg. Sistema de seguridad ciudadana) y, por el contrario, que tipo de información debe ser difundida obligatoriamente. Otro ejemplo: en el sitio Web existen algunos formatos de captura de denuncias de corrupción (aunque no sabemos si existe un procedimiento para hacer seguimiento a estos procesos), pero no hemos podido hallar formatos similares para solicitar información.
Se sabe que la institución policial cuenta con un manual para realizar procesos de rendición pública de cuentas, hecho que sin duda constituye un avance importante, pero el sitio Web no proporciona la documentación que debe acompañar ese proceso. Esa información es indispensable para que la sociedad civil pueda evaluar objetivamente la calidad de la gestión.
En suma, la transparencia informativa en la institución policial debe estar basada en los principios de obligatoriedad y máxima publicidad, y cuando ellos sean interiorizados tanto por los altos mandos como por los funcionarios, se podría dar inicio de una reforma estructural orientada a transformar el descredito en confianza.
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