CENSO Y ESTADO PLURINACIONAL

Me atrevo a escribir esta nota ya que me siento profundamente preocupado en torno a los resultados del censo 2012 y principalmente por los diversos comentarios e interpretaciones que se están realizando sobre estos resultados y la composición étnica de la sociedad boliviana. Lo que quiero mediante esta breve nota es plantear algunos elementos, unos serán afirmaciones y otros serán reflexiones, sobre este tema y los comentarios a los que he tenido acceso.

Un primer elemento, que afirmo fervientemente, es que como Estado y como sociedad, y por un sentido mínimo de justicia y humanidad que espero todavía podamos representar, no podemos bajo ningún argumento desconocer, ni pretender anular estadísticamente, la existencia y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Existencia y derechos que son reconocidos por la humanidad, inicialmente a través de instrumentos internacionales de derechos humanos  (Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas), que son ratificados por el Estado Boliviano, pero que además son “constitucionalizados” bajo el paraguas del Estado Plurinacional, en la Constitución aprobada en 2009. Por lo tanto, quienes quieran desconocer la existencia y los derechos reconocidos a los indígenas y originarios bolivianos expresados en la CPE, e incluidos en esta a pesar de la renuencia del MAS y de los “pensadores” de la izquierda, no deberían tratar de hacerlo interpelando esta CPE o este gobierno, sino interpelando a la humanidad por haber llegado a la conclusión de que es una prioridad para la sociedad global, y un acto de justicia ineludible, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sociedades con sentidos de vida diferentes, que deben ser respetados y conservados, y que por lo tanto merecen gozar de derechos diferenciados.

Otro de los elementos, quizás el más preocupante, es el hecho de que tanto el partido de gobierno como la oposición muestran, en sus interpretaciones y comentarios, la abierta intención de desconocer (o minimizar al menos) la existencia y los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios. Si bien desde la oposición se plantea la invisibilización – anulación de lo indígena originario en contraposición con “lo mestizo” llegando a plantear esta como una opción de identidad, siendo que esto es por lo menos un absurdo (qué diferencia hay entre plantear esto y lo "no indígena" y listo?); desde el gobierno se trata también de invisibilizar - anular lo indígena originario confundiéndolo hasta el absurdo en la categoría “indígena originario campesino”, la misma que fue introducida por la fuerza en la CPE. Ambas estrategias discursivas cumplen exactamente el mismo objetivo: “invisibilizar - anular” lo indígena originario como una realidad concreta y diferenciada de la construcción social nacional y que debe ser asumida por la sociedad con todas las diferenciaciones necesarias, principalmente de derechos, para garantizar su incorporación al Estado Plurinacional en el marco de su libre determinación y garantizar su existencia.

Lo indígena originario campesino como categoría conceptual no existe, lo que si existe es: lo indígena (naciones y pueblos indígenas del chaco, oriente y amazonia), lo originario (naciones y pueblos indígenas del occidente) y lo campesino (población de ascendencia indígena que ha optado por sindicalizarse en el proceso de los 50´s y que ha optado también en las últimas décadas por la propiedad individual de la tierra, y que por lo tanto ha optado por no ser indígena). Si bien este lio conceptual no lo vamos a resolver a menos que modifiquemos la constitución, o trabajemos una ley interpretativa de la categoría, si existía realmente la voluntad desde el Estado de avanzar en la garantía de derechos de los indígenas y originarios, habría sido realmente muy fácil establecer en la boleta de encuesta los mecanismos necesarios para la identificación adecuada de estos. En primer lugar hay que resolver que naciones y pueblos existen, si bien esto esta mas o menos claro en tierras bajas (oriente, chaco y amazonia), está en completas tinieblas en el occidente ya que en realidad lo quechua y lo aimara no son naciones ni pueblos, son más bien idiomas, siendo que existen al menos 16 naciones y pueblos (que hablan en su mayoría aimara y quechua) en el occidente, de acuerdo al trabajo de reconstitución que viene haciendo hace décadas el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu(CONAMAQ); entonces habría que rehacer el trabajo reconociendo a estas más de 45 naciones y pueblos, y estableciendo mecanismos adecuados de registro. Otro de los elementos tendenciosos utilizados en la boleta censal es el establecimiento de restricciones al llenado de la encuesta como el hecho de no leer la lista de naciones y pueblos o definir que los resultados sobre la pertenencia étnica se realice solo tomando en cuenta a mayores de 15 años, estas son simplemente “chicanas” establecidas con el objetivo de disminuir la cantidad de indígenas. En todo caso, el censo no cumple de ninguna manera con el objetivo de que debería tener la inclusión de una pregunta sobre identidad étnica en cualquier censo, que es: poder diferenciar cuantitativamente la población indígena del resto de la población, además de poder mostrar sus condiciones de vida, su acceso a servicios, a que se dedican y donde están, precisamente para posibilitar el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas y que garanticen el ejercicio de sus derechos consagrados, principalmente el de libre determinación, por la humanidad y por el Estado Plurinacional.

Otro elemento introducido por el vicepresidente en su discurso del 6 de agosto con respecto a esta cuestión de la composición cultural de la sociedad boliviana y el Estado Plurinacional, es el referido a insistir en que las naciones y pueblos indígenas originarios no constituyen en realidad “naciones políticas”, sino simplemente “naciones culturales”, esto no puede ser así ya que todos los derechos reconocidos a las naciones y pueblos indígenas originarios en la CPE nos llevan, al leerlos e interpretarlos a cabalidad, nos muestran más bien un salto entre una concepción de “naciones culturales”, que ya se establecía desde la constitución de 1994 bajo la concepción de “intercultural”, a “naciones políticas”, sin que esto signifique necesariamente el reconocimiento de jurisdicciones territoriales vinculadas a la propiedad agraria, si no es así, qué sentido tiene reconocer derechos como la libre determinación, la institucionalidad propia, los sistemas políticos, educativos, económicos, sociales y culturales propios, o la participación directa en los beneficios por la explotación de recursos naturales en sus territorios; o lo que es más terrible: qué sentido tendría el Estado Plurinacional?.

Marco Toro es asesor de la Asamblea del Pueblo Guaraní