Sugieren verificar mensajes de Zapata y no de Quintana

Después de que se hiciera público un supuesto chat  entre Gabriela Zapata y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expertos en informática y redes sociales sugieren verificar la veracidad de los mensajes en el teléfono celular de la joven, y no en el de la autoridad porque ésta pudo haber eliminado las evidencias e incluso cambiar de aparato móvil.

“Si Quintana compra un nuevo celular y en ese celular se hubiera instalado nuevamente el whatsapp, por más que se haga un peritaje, no va a salir esa información porque seguramente él ya lo ha eliminado. Más que todo habría que revisar el celular de Zapata para ver si ella ha enviado esa información y si esa información es legítima, ahí se podrá hacer un peritaje”, explicó el abogado y experto en cibernética, Gonzalo Carvajal.

Elvin Mollinero, experto en seguridad informática y redes sociales, coincidió con Carvajal y explicó que un peritaje a un teléfono móvil se puede concretar con mayor facilidad dependiendo del sistema operativo que tienen, es decir si es un I-phone o Android. Éste último es el más sencillo de acceder, dijo.      

“Recomiendo que el peritaje se lo haga el celular de la señora Zapata, es más sencillo verificar la veracidad, pero con consentimiento de la persona y eso ya forma parte de la ética. Porque si ya han cambiado de celular, entonces ya no se puede, tiene que ser el mismo celular que se ha utilizado, porque el señor Quintana pudo haber comprado otro celular y hasta haber cambiado de número”, indicó.

Según Carvajal, el proceso legal para realizar un peritaje a un teléfono celular cuyos mensajes de chat hayan sido borrados, se inicia en el Ministerio Público, que mediante un requerimiento fiscal pide a la empresa telefónica (Entel, Viva, Tigo) un extracto de los mensajes.

En caso de que esta situación demore o por alguna razón, estas entidades no puedan acceder a la información solicitada, la Fiscalía tendría que acudir a empresas especializadas en el país, que mediante especialistas técnicos y jurídicos se contactarán con la sede de las entidades de redes sociales en el exterior que están en la obligación de brindar los datos pedidos.

“En Estados Unidos las leyes dicen que estas empresas deben mantener esta información por dos años, después de ese tiempo, la información se elimina de la base de datos y ya es imposible recuperarla”, indicó.

No obstante, Carvajal explicó que para seguir todo este proceso legal, las autoridades jurisdiccionales deben sustentar su pedido con una denuncia respecto a un delito de orden público.

“Que yo sepa en Bolivia nunca se ha dado esto, porque nunca se ha cometido un delito de esa magnitud”, concluyó.