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El presidente del Consejo de Vigilancia de Cotel, Fabián Guillén, denunció que ocho exfuncionarios de esta instancia incurrieron en varias irregularidades y dañaron la institución.
En un extenso documento en el que menciona a los presuntos implicados, Guillén explica a detalle los hechos delictivos que habrían cometido.
“Todas las personas mencionadas en este documento, antiguos funcionarios de Cotel con antecedentes, adquieren un supuesto vínculo en forma de una aparente asociación delictuosa en contra de la actual administración de la Cooperativa, que no ha cedido ante sus intentos de mantenerse en círculos de poder”, cita el comunicado.
El primer nombre que se menciona es de Johnny Walber Castelú Coca, a quien supuestamente se le otorgó licencia temporal sin goce de haberes, por presuntamente existir indicios de vulneración a las normativas internas de la Cooperativa.
No obstante, tras su salida Castelù Coca inició procesos penales por presuntos delitos de falsedad material y otros contra Guillén, calificados por el aludido como “irregulares y temerarios”.
Jorge Chalo Stevens Guisa, también acusado por Guillén, trabajó en la Cooperativa como abogado de la dirección Jurídica hasta enero de 2014. Después fue cambiado a otra dependencia y cuando se le solicitó retornar a la Dirección Jurídica, habría alegado inestabilidad emocional y luego renunció.
Poco después, presuntamente amenazó de muerte a Guillén. Por otro lado, Guillén apunta a Remy Solares Angulo como el presunto responsable de la falsificación de su título profesional, por lo cual está acusado por el delito de uso de instrumento falsificado.
Las sindicaciones también vinculan a Víctor Adam Cortéz, quien se encontraría procesado por el empresario José Luis Quiroga por el delito de falsedad material. Quiroga, a su vez, es demandante contra Cotel por el cobro de dinero en el caso ITS.
“Se presume que Víctor Adam Cortez trató de obtener beneficios económicos de Quiroga ofertando su intermediación para sacar adelante la demanda de éste contra Cotel”, cita el documento.
Asimismo, Franklin López Loma, exfuncionario de la Cooperativa, habría gozado de beneficios del seguro de salud después de que su hijo nació con algunas deficiencias. Sin embargo, poco tiempo después, López habría presentado una querella criminal contra los médicos que atendieron a su hijo, la cual fue desvirtuada por el Instituto Nacional de Seguros de Salud. Luego, López presentó otra querella similar y esta vez involucró a Guillén como encubridor.
También refiere que Julia Eliana Jiménez de Ríos, otra exfuncionaria, tiene en su registro laboral, varias llamadas de atención por actos de indisciplina e incumplimiento al Reglamento de Contratación de Personal.
Finalmente, Guillén asegura que Ruth Rosario Sarzuri Bernal y Lucila Alvarado Cuevas fueron retiradas de sus cargos por protagonizar actos violentos en contra de la institución.
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