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El experto en ciberactivismo e internet, Gonzalo Carvajal, advirtió que las instituciones como la Policía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público no tienen las condiciones logísticas ni de especialización para controlar las redes sociales. Luego de conocerse los resultados del Referendo constitucional que se realizó el pasado domingo, autoridades y representantes de organizaciones sociales advirtieron que las redes sociales deben ser controladas.
Según Carvajal, para realizar un control de esta naturaleza, se debería dotar a la Policía, Defensoría y Fiscalía de los elementos logísticos necesarios para identificar a quienes crean páginas o cuentas en redes sociales con fines ilícitos.
“La Policía, la Defensoría tienen que estar capacitados para poder identificar y hacer el seguimiento en las redes sociales y ver exactamente de dónde ha salido la información, ahora ¿estas instituciones tiene la capacidad logística? Hay que estar preparados, porque no se puede dejar que todos estemos vulnerables ante la inseguridad en las redes sociales”, afirmó en entrevista con ERBOL.
Agregó que estas instituciones, además de contar con los recursos logísticos, deben contar con un personal capacitado para investigar y controlar las irregularidades que podrían existir en las páginas de las redes sociales.
“La Policía tendría que tener una unidad especial de investigación y estar capacitados, los fiscales y jueces deberían estar especializados, es un camino complejo y la pregunta es si hay las condiciones”, dijo.
El experto advirtió que uno de los mayores peligros en las redes sociales es el anonimato, recurso por el cual se valen los delincuentes para cometer trata y tráfico de personas y para insultar o agredir a una persona.
“Además de los recursos logísticos, también hay que tomar en cuenta que controlar el anonimato es prácticamente imposible porque cualquier país que quiera obligar a Facebook a que cumpla sus reglas, tendrá que presentar a una empresa privada un cruce de información para verificar las identidades, eso implica un gasto multimillonario de la empresa, si la empresa dice no, entonces tendríamos que cortar en Facebook de Bolivia y la gente se levantaría y reclamaría a favor de la libertad de expresión”, explicó el experto.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, admitió que aplicar un control legal a las redes es complejo y tiene que existir un procedimiento administrativo. Dijo que los servidores de internet tendrían que “obligatoriamente” la identificación de las personas que creen cuentas falsas con el fin de difamar o cometer delitos.
“Hay que eliminar el anonimato y lo que se publique hay que demostrar para no calumniar, es un camino complejo, pero no podemos soslayarnos, son delitos que deben estar tipificados para sancionarlos”, señaló Borda a ERBOL.
Asimismo aclaró que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que cualquier empresa extranjera, en esta caso Facebook, que opere en Bolivia debe adecuarse a las leyes bolivianas.
“Además Bolivia no es el primer país que pretende regular esto, ya lo han hecho en Rusia, en Colombia, en México, si una persona o empresa viene a prestar servicio en Bolivia, tiene que someterse a ciertos condicionamientos”, indicó.
El legislador dio a conocer ayer sobre una iniciativa legislativa que pretende crear tres tipos penales para controlar las redes sociales. Se pretende sancionar la violación de datos personales, la afectación a la honra y la creación de cuentas falsas que tengan el fin de cometer ilícitos con menores de edad.
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