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Diferentes actores del sector salud y especialistas, reunidos por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), plantearon diferentes alternativas para financiar un mejor sistema de salud pública, con miras a dar prestaciones al conjunto de la población mediante seguros gratuitos.
Las propuestas de profesionales y las experiencias de gobiernos subnacionales en este tema fueron recogidas en una mesa de trabajo y sistematizadas en la publicación denominada “Salud para todos. Las experiencias de los sistemas de salud locales en Bolivia”, que realizó el CEDLA en 2017.
Según el texto, en la mesa de trabajo se estableció que uno de los problemas que podrían afrontar los seguros de salud locales es la sostenibilidad económica, considerando los recortes en los presupuestos municipales y departamentales como efecto de la caída de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Asimismo, se coincidió en que la salud pública en Bolivia pasa por una crisis estructural en cuanto a la precaria infraestructura, equipamiento, el insuficiente personal médico y las limitaciones para garantizar el acceso a medicamentos”, señala la publicación.
El especialista Guillermo Cuentas presentó cifras que dan cuenta de la situación financiera de la salud pública. Señaló que para 2017 el Estado boliviano previó invertir 253 dólares per cápita en salud, cuando el promedio sudamericano estaba en 753 dólares.
Ante esa situación, el experto planteó aplicar impuestos específicos para financiar la salud, tal como se hizo en otros países. “Todos los bolivianos deberían tributar, cocaleros, futbolistas y otros. De modo que, si ampliamos el universo tributario vamos a tener más recursos”, dijo.
Como ejemplo mencionó que Japón cobra 10 centavos por cada dólar en llamadas a celulares, Australia aumentó impuestos a la minería, Hungría y Rumanía determinaron incrementar los tributos a la sal y al azúcar, y otros países establecieron impuestos a la comida chatarra.
En esa línea, Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos, municipio destacado por las prestaciones y cobertura de su seguro, indicó que en 2008 gestionó el cambio de la ley de minería a nivel nacional para que alcaldías reciban estos tributos, que se ha constituido un aporte importante para sostener el sistema de atención.
Caballero señaló que otra medida fue la ampliación del universo de contribuyentes a través de una campaña agresiva de comunicación. Resaltó que con esas medidas disminuyó a la mitad la dependencia del sistema de salud de su municipio a las transferencias del nivel central.
Por otro lado, Guillermo Aponte, economista especializado en seguros, manifestó su incredulidad respecto a establecer un impuesto específico que pueda dar sostenibilidad económica a un sistema de salud, y propuso que se fije un porcentaje determinado del Presupuesto General del Estado.
También planteó aprovechar otras modalidades para inyectar financiamiento a la salud, como el seguro delegado o canalizar recursos mediante el principio de responsabilidad social empresarial.
De acuerdo con el CEDLA, en el evento se advirtió la urgencia de una política nacional de salud, que comprenda el financiamiento y las fuentes que sustenten su sostenibilidad, la universalización y gratuidad de los servicios, entre otros elementos.
El Centro de Estudios propone que se establezca una reforma de salud orientado hacia la universalización de la atención, mediante la integración de todos los sub-sectores y concentrando los recursos financieros de diferente origen: contributivos y no contributivos.
Asimismo, demanda que la participación del Estado en el financiamiento del sistema universal sea proporcional a la magnitud de las necesidades de la población que no tiene acceso a la seguridad social.
El CEDLA también plantea el establecimiento de una prima anual per cápita de salud para todos los ciudadanos, con la cual se debe garantizar que reciban atención a través de cualquiera de los prestadores públicos, ya sean del nivel municipal, departamental o central del Estado o de instituciones sin fines de lucro adscritas al sistema público.
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