Distribuirán 30 mil ejemplares del Libro del Mar en las escuelas

El Ministerio de Educación distribuirá 30 mil textos “Libro del Mar” en las  unidades educativas fiscales, particulares y de convenio de todo el país; su uso será obligatorio para recordar a los escolares que Chile invadió Bolivia.

El texto fue convertido “en un libro oficial para que (forme parte del) contexto curricular de uso obligatorio y para que nadie se excuse de que este libro no se adapta a su asignatura, debe ser incorporado dentro del marco curricular, además en modalidades didácticas pedagógicas adecuadas para cada nivel”, dijo el ministro de Educación, Roberto Aguilar.

Explicó que en el texto se reafirma la posición de que Chile invadió a Bolivia. “A partir de ello obviamente vino una respuesta bélica pero la base fundamental en el concepto histórico es que ahora se reafirma que fue una invasión”, insistió.

El presidente Evo Morales, en el acto central del Día del Mar, que se realizó en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz, indicó que el estudio del texto será obligatorio porque las nuevas generaciones deben conocer con mayor profundidad la historia de la reintegración marítima.

Sin embargo, el Ministerio de Educación aún no tiene impreso el nuevo libro oficial de la currícula educativa, aunque se espera que en estos días se realice ese trabajo para empezar con su distribución a partir de la próxima semana. 

“La resolución (para efectivizar la impresión de los libros se emitirá) de manera inmediata, la vamos a elaborar el día de hoy, por la premura la vamos a aprobar mañana (martes)”, remarcó el Ministro.

Aguilar no mencionó el presupuesto adicional que se invertirá en los 30 mil ejemplares, ni en los CDs que serán distribuidos a los profesores y tampoco el monto que se destinará para la incorporación del material en los sistemas digitales de las computadoras de los estudiantes.

El Libro del Mar es parte de la campaña internacional que el país lleva adelante mediante sus autoridades y su vocero Carlos Mesa.

Bolivia presentó, en abril de 2013, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obligar a Chile a negociar “de buena fe” una solución a la reivindicación del Estado Plurinacional.