Destacan evolución prometedora hacia alianzas para políticas de desarrollo

El Foro Político Multiactor sobre Desarrollo, realizado en la ciudad de La Paz, los días 15 y 16 de noviembre de 2018, emitió un manifiesto en el cual destaca que se ha evidenciado una evolución prometedora hacia alianzas más incluyentes en torno a políticas y estrategias de desarrollo, por la participación de representantes del gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales en el evento.

El Foro se realizó con el propósito de fortalecer alianzas incluyentes en torno a la implementación de la Agenda Patriótica 2025, la Agenda global 2030 y el Plan de Desarrollo Económico y Social.

En el manifiesto emanado del evento, las organizaciones de la sociedad que participaron destacaron que con la participación de los distintos niveles de Gobierno se “demuestra un interés compartido de cara a fortalecer el diálogo plural y democrático, donde el análisis de los temas constituyen un punto de partida para impulsar la coherencia de políticas a fin de aunar esfuerzos en el combate contra la pobreza y la inequidad social”.

“La participación de altas autoridades públicas y de la cooperación internacional en el debate público, abre posibilidades para que la consulta a las organizaciones de la sociedad civil sobre políticas nacionales de desarrollo, sea una práctica constante, así como el acceso a información pública”, acota el documento.

En el Foro también se observó que existe un enorme potencial para identificar aciertos y debilidades, compartir lecciones y facilitar el aprendizaje mutuo para acelerar los esfuerzos por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.

Foto: Cortesía

El evento consistió en analizar estado de situación de las problemáticas, de la aplicación de las políticas públicas gubernamentales y el grado de cumplimiento alcanzado, además de proponer los retos y desafíos a asumir entre todos los actores.

Se sistematizó las conclusiones que se presentan a continuación:

I. DERECHOS EN LAS CIUDADES Y CIUDADES CON DERECHOS  

La política urbana en Bolivia y la política integral de ciudades en particular, deben partir de una clara definición del tipo de ciudades que queremos y de las dinámicas sociales urbanas que se van a potenciar. Esto requiere marcar ciertas definiciones de carácter fundamental y estratégico:

1. Es necesario dejar de confundir nuestra visión de ciudad con nuestro objetivo de ciudad. Es decir, se requiere establecer objetivos, resultados e indicadores claros, concretos, medibles y basados en información confiable que nos ayuden a establecer el tipo de ciudad que vamos constituir y que la política nacional urbana va a promover.  

2. Es necesario establecer si se tratará de una política que se concentre sólo en las ciudades y las áreas metropolitanas o si se inicia en una definición amplia de lo urbano que tome en cuenta la superación de la dicotomía urbano-rural y vea el vínculo entre la crisis campesina y los procesos de migración, la destrucción del medio ambiente en el ámbito rural y su relación con el crecimiento y el consumo poco sostene de las ciudades. En relación con esto, la situación del medio ambiente en las ciudades y el cambio climático es un aspecto que debe recibir suficiente atención del Estado.

3. La Multilocalidad debería verse en su relación con el éxito o fracaso de las políticas dirigidas al campo. Esto obliga a los trabajadores campesinos y población indígena a dedicarse a múltiples actividades y a realizar múltiples desplazamientos estacionales tanto de ida y vuelta, inclusive desplazamientos de carácter transfronterizo, y, por tanto, debería ser tomada en cuenta en el marco de una política urbana. En este sentido, más allá de asumirla como el camino a una migración definitiva campo-ciudad, es necesario apoyarla en sus características concretas en relación con el sistema de ciudades. Esto amerita partir de una mirada que articula población, economía y territorio, pero abordando una comprensión empática de la perspectiva y motivaciones para migrar.

4. En este sentido, es importante que la política integral de ciudades y la política urbana en Bolivia partan de una reflexión de la relación entre ordenamiento territorial y vivienda, es decir; observar si la base de una política urbana debe ser la vivienda o el ordenamiento territorio. Si bien el ordenamiento territorial da una mirada más amplia, la cuestión de la vivienda y el hábitat nos remite al sujeto urbano y sus necesidades en el marco del derecho a la ciudad. En este sentido, resulta fundamental establecer la complementariedad entre los procesos de ordenamiento del territorio y la atención a la vivienda y el hábitat. 

5. La participación de la sociedad civil urbana y rural es la herramienta fundamental para construir una política de ciudades en Bolivia y a la implementación en el marco del PDES, la Agenda Hábitat III y el ODS 11.

II. SER MUJER SIN MORIR EN EL INTENTO 

1. La violencia contra las mujeres diversas y diferentes en Bolivia, aún no es considerado un asunto político y un problema estructural, menos es un tema de relevante para diversos actores y autoridades públicas. 

2. La violencia se ha incrementado en los últimos años, 7 de 10 mujeres en el área urbana y 8 de 10 mujeres en el área rural, sufren violencia y los tipos de violencia es combinada, pese a existir marco normativo constitucional que dice “el derecho a una vida libre de violencia” y las Leyes N° 348 y N° 243 como marco regulatorio para su atención y sanción, este no cuenta con los mecanismos necesarios, recursos humanos capacitados, ni presupuesto suficiente. 

3. Esperamos que la sociedad en su conjunto se apropie del contenido normativo y regulatorio aprobado hasta ahora, para modificar usos y costumbres patriarcales que impiden su aplicación y el cambio de estructuras patriarcales.  

4. Se requiere un amplio trabajo de difusión, reeducación y desarrollo cultural para que esas normas sean asumidas, esa es una tarea que debe ser encarada por las entidades públicas, así como por la sociedad civil en su conjunto. 

5. Se deben fortalecer las instancias gubernamentales para que la coordinación intersectorial e interinstitucional esté entrelazada entre niveles de gestión, descentralizados y entidades autónomas, no sujetas o dependientes de afinidades políticas interpuestas por autoridades de los distintos niveles de gestión. 

6. Las organizaciones mixtas de la sociedad civil deben incorporar es sus agendas la violencia contra las mujeres, como un tema estructural y problema de la comunidad que afecta a la vida de las familias y a la sociedad, incidiendo e políticas públicas y asignación de presupuesto para la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas.  

7. Las organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas de la sociedad civil debemos ser partícipes del mecanismo de coordinación interinstitucional, siendo su función de control social.

8. Reconocemos el trabajo sostenido de las organizaciones de mujeres y  colectivos feministas, han logrado dejar claro que la discriminación y la violencia en contra de las mujeres ha dejado de ser “un asunto de mujeres” solamente, hoy se percibe un cierto grado de sensibilidad social en relación conello, particularmente entre las nuevas generaciones. 

9. El Estado como garante de derechos tiene la ineludible responsabilidad de intervenir efectivamente para resolver la situación de violencia contra las mujeres, implementado y asignando recursos suficientes a los planes gubernamentales, sin interrupción por cambio de gestión y/o funcionarios del mecanismo institucional nivel nacional y descentralizado. 

10. Se debe cumplir la recomendación del Comité CEDAW de jeraquizar la instancia gubernamental y tener un Ministerio de la Mujer, con un andamiaje institucional construido para aplicar esas políticas públicas de manera intersectorial, con asignación de presupuesto suficiente en nivel central y en los niveles descentralizados, y entidades autónomas.  

11. Se considera importante y reconoce el aporte de la cooperación internacional, las ONGs en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero no se puede seguir dependiendo, el Estado tiene que asignar recursos públicos suficientes.

12. Las mujeres diferentes y diversas en Bolivia debemos ser sujetos de derecho activas y reconocidas por las instancias estatales al ser más del 50% de la población, no podemos permitir que los feminicidios cada vez sean más violentos y se incrementen como en los últimos años (89 por año- promedio) y sigan violentando los cuerpos de las mujeres y de las niñas.  

13. Las organizaciones debemos promover mayor diálogo político multiactor  para resolver contradicciones conceptuales tan evidentes como las  que tiene la  Agenda 2025 y el PDES en relación a la violencia contra las mujeres, siendo estos los instrumentos rectores de las políticas públicas.

14. Debemos seguir vigilantes y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas previstas en el PDES, en el “Pilar 1. Erradicar la pobreza” las mismas que se adecuan al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

15. Llamamos a diversos actores estatales, privados y de la sociedad civil a promover un nivel de tolerancia “cero” no porque la dictó una Ley, sino porque como sociedad debemos eliminar la violencia de nuestros constructos mentales, no debemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres. 

III. ENCRUCIJADAS: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN BOLIVIA

Las reflexiones sobre la temática se resaltan las siguientes:

1. La temática de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia, a pesar de la promulgación de leyes y creación de instituciones de protección a niñas y niños, sigue siendo uno de los problemas sociales más complejos que evidencia el estado crítico de esta población. 

2. Las cifras identificadas indican el incremento de las condiciones de violencia y discriminación que sufren los NNAS. Y, desde el Estado no se promueven políticas y acciones concretas y sostenibles para intervenir esta situación. La serie de normativas, programas y planes no garantizan el cumplimiento o ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Bolivia. Aunque las normas pueden ser consideradas como una oportunidad para avanzar en la solución sobre la problemática de la niñez y la adolescencia.

3. Bolivia, al igual que muchos países de América Latina a pesar de los discursos por parte del Gobierno de haber bajado los niveles de pobreza y de tener una bonanza económica; la pobreza aún está latente y esto se expresa mucho más en sectores migrantes del área rural llegando a ser los más vulnerables. Esta condición económica y material e incluso espiritual no les permite a los NNA ejercer plenamente sus derechos.

4. Un fenómeno de mayor preocupación es la explotación sexual, la trata y tráfico de niñas y niños, los niños de la calle a los que se los considera como antisociales, el alto índice de empleo ocupado por niñas y niños, problemas sociales que emergen de la pobreza como uno de las causas más directas de afectación de los derechos de esta población. Los indicadores muestran que la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia no solamente es masiva sino también recurrente. 

5. En nuestra sociedad aún no se ha superado la visión adultocéntrica y patriarcal; a partir de ésta situación es que se propicia la violencia doméstica, donde no se valora la participación de niñas, niños y adolescentes. Muchas veces, los adultos en distintos espacios como la familia y la escuela ejercen el poder sobre los menores. 

6. Las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia en municipios rurales presentan escasos recursos económicos y técnicos, los cual demuestra el desconocimiento sobre las normas, la falta de conciencia y voluntad política de tomar como prioridad el cumplimiento de los derechos de NNA. Además, a pesar de existir normas, planes y programas para la NNA, éstos no cuentan con los recursos suficientes desde el Estado por lo que como en otros sectores como el de la mujer, no se garantizan su cumplimiento o su implementación total.

7. Si bien, se cree que la familia siempre cumple un rol protector, que brinda seguridad y afecto para el desarrollo de los NNA; los estudios muestran que la familia, la escuela y los centros laborales, llegan a ser los espacios de alto riesgo, donde se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes con facilidad e impunidad. Esta situación nos demuestra que la sociedad ha llegado a naturalizar el uso de la violencia sobre los NNA.

8. Como conclusiones y propuestas, tomando la situación de NNA en nuestro país, es un imperativo generar mayores procesos de reflexión y debate que propugnen la recuperación y transmisión de valores, y, que los ámbitos de la familia, la escuela, se transformen en verdaderos espacios de protección y promoción de los derechos de las niñas y niños. Como personas con dignidad y libertad, debemos tener cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia. Además de analizar la situación de las políticas públicas. Esto supone concientizarnos que la defensa y protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es una responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad. 

IV. SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

En esta temática lo abordado en políticas agrarias, campesinos y obreros agrícolas se hace un balance y se plantean perspectivas como sigue:

1. La identificación de los actores y procesos: Una nueva realidad social caracteriza a actores y procesos en la problemática agraria, la conversión de aquellos campesinos cuya producción agrícola y artesanal (estrechamente interrelacionada) era destinada fundamentalmente al autoconsumo, en otro tipo de productores que ya son simples agricultores y que destinan una parte importante de su producción al mercado dependiendo cada vez más de éste, tanto para su consumo productivo como personal. La expansión de los pequeños productores agrícolas capitalistas o de los campesinos ricos en toda la geografía nacional que trabajan la tierra personalmente, pero con el concurso de peones y jornaleros asalariados. Y como parte del proceso de diferenciación campesina, se debe remarcar la cada vez mayor relevancia cuantitativa de una gran masa de campesinos pobres asalariados generando acelerados procesos de su descampesinización.  

La relevancia económica de las tres clases sociales fundamentales que corresponden al predominio de la agropecuaria capitalista en el agro; es decir, la presencia de la burguesía agraria y de la clase de los obreros agrícolas, así como la de los terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra y que no tienen ninguna semejanza con los terratenientes que obtenían renta en trabajo antes de 1953.

2. Los planes de desarrollo: Se ha debatido sobre la compleja propuesta del Estado desde sus diferentes niveles por lograr potenciar la producción agropecuaria, concentrando sus esfuerzos en el incremento (ampliación) de la frontera agrícola y de la productividad, a objeto de mejorar la oferta interna de alimentos y la exportación de los mismos con valor agregado, así como incrementar el aporte de los pequeños productores de agricultura familiar y comunitaria a la producción total agropecuaria. Sin embargo, en la realidad se observa que las políticas públicas han apuntado a beneficiar más los intereses de los sectores articulados a los agronegocios que fomenten la exportación de productos agropecuarios en contra del bajo incentivo de políticas y programas para la producción de alimentos internos.

3. Del discurso inicial del Vivir Bien y de la soberanía alimentaria:Se ha pasado rápidamente a plantear la necesidad de producir lo que el mercado nacional y mundial requieren, lo que implica el desarrollo de programas y proyectos estatales claramente orientados a cumplir con estos objetivos. El uso indiscriminado de agroquímicos, los requerimientos del mercado que intensifican el uso de la tierra a extremos, la producción agropecuaria basada en la ampliación de la frontera agrícola y no en incrementos de la productividad que lleva a importantes procesos de desbosques, la contaminación de ríos y fuentes de agua como consecuencia de la expansión de la minería que afecta a los productores agropecuarios, están  terminando de constituir un escenario contrario a  lo que señala esta meta de la agenda 2030.    

4. Participación del Estado: Se ha visto la necesidad de demandar a los actores del Estado mayor participación en el diseño de las políticas públicas, mayor seguimiento y monitoreo además de acceso real a los programas y proyectos para el pequeño productor, con mejores incentivos para el desarrollo productivo de alimentos sanos para todos los bolivianos y bolivianas.

5. Cumplimiento de las ODS: El planteamiento de los ODS en sentido de “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala” debe ser una meta exigible a nivel nacional, debiéndose para ello iniciar un debate sustantivo acerca de las limitaciones de la pequeña parcela para alcanzar la misma. En esta perspectiva se deben reivindicar nuevas formas colectivas o cooperativas de producción entre los campesinos minifundistas que permitan eliminarlo como condición básica para superar la pobreza en el campo.

V. MARCHA POR LA DESCENTRALIZACION Y LAS AUTONOMIAS

1. Las autonomías son parte esencial de la nueva estructura del Estado Boliviano, y que por ello demanda el imperativo de su respaldo y reconocimiento de su institucionalidad.

2. Los procesos de las autonomías para los Pueblos Indígenas Originarias Campesinas es una herramienta para la reconstitución de sus territorios y de sus pueblos y hacia su autodeterminación plenas en el ejercicio de sus derechos.

3. Las instancias estatales reconocen autocríticamente que el proceso hacia las autonomías indígena originaria campesinas tiene una serie de exigencias y requisitos que hacen largo, penoso y duro alcanzar la constitución de esa herramienta, aun así, la acción gubernamental y no gubernamental debe enfocarse desde y hacia la realidad de los Pueblos Indígenas 

4. Revitalizar el contenido del Vivir Bien como horizonte de las AIOCs, superando el concepto institucionalizado del Vivir Bien como un dispositivo de poder y que sea un concepto que verdaderamente proponga una alternativa al modelo de desarrollo extractivista. El modelo del Vivir bien debe superar el modelo de desarrollo clásico, hay que trabajar en eso, por ahora no hay coincidencias.

5. Las NyPIOC han ejercido ancestralmente procesos de autodeterminación y mecanismos de autonomía por su prexistencia territorial, por ello, deben fortalecerse en su vínculo con el Estado para su pleno ejercicio y reconocimiento. 

6. Las Políticas públicas deben tener procesos de participación plural y amplia en su construcción desde la propia concepción de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil organizada vinculada al ejercicio de sus derechos.

7. Es irrenunciable la conquista de las autonomías indígenas y a pesar de los obstáculos impuestos por el Estado boliviano la lucha seguirá de manera inclaudicable por el ejercicio de los derechos.

VI. SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD

1. Constatamos que, la falta de coordinación existente entre los diferentes niveles del Estado tiene un impacto negativo en el ejercicio del derecho a la salud y la promoción del bienestar general, pero sobre todo, esa falta de coordinación, pretende justificar por parte del Nivel Central del Estado la asunción de sus obligaciones constitucionales en materia de salud.

2. La rectoría y responsabilidad en salud, que el nivel central del Estado tiene, no debe verse reflejado únicamente en políticas y normas que no se logran implementar en otros niveles; debe verse reflejado en el trabajo efectivo para poner fin a las muertes evitables.

3. Reconocemos la participación de ONGs, sector privado e iglesia que, como Sociedad Civil han coadyuvado en obtener resultados en salud, logrando cubrir necesidades que el Estado no consigue cubrir.

4. Manifestamos que, el acceso a la salud debe darse por una cobertura sanitaria universal, asequible y de calidad para todos sin exclusión, por ello, la salud no puede y no debe considerarse como un aspecto ajeno a los procesos sociales, económicos, políticos y culturales propios.

5. Ratificamos que el acceso a la salud no puede depender de la capacidad de pago de las y los ciudadanos o de su condición laboral; la equidad y la igualdad deben ser los principios que garanticen el acceso a la salud de ese 50% de la población que no ha logrado ejercer su derecho a la salud.

6. Alentamos a que se den muchas iniciativas Estatales para erradicar por completo la amplia gama de enfermedades que aquejan a las y los bolivianos. lo en termos con cancer no sólo han evidenciado la crisis en salud sino también la miseria, la precariedad de infraestructura y de recurso humano que caracteriza a nuestro sistema.

7. Se requiere un sistema de gestión acorde a las necesidades actuales en salud, pero también urge un sistema de información que vale la toma de decisiones de inversión en salud.