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El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, explicó que esta entidad denunció, mediante un comunicado, los supuestos atropellos que cometería el Gobierno contra sectores como las personas con discapacidad, abogados, extrabajadores de la Empresa Nacional de Enatex (Enatex) y docentes universitario.
“El Consejo Universitario lo que ha hecho es analizar de la realidad de la coyuntura y sobre esa base ha dato determinadas pautas para que se declare este pronunciamiento. La Universidad no puede ser indiferente ante la realidad del país, no puede ser indiferente frente a los abusos que se puede cometer”, dijo Albarracín en un contacto telefónico con ERBOL.
Agregó que a la UMSA no le interesa la confrontación entre la oposición y el oficialismo, sino la realidad del país y cómo se pueden subsanar los problemas que se presentan diferentes hechos.
“Hay un elemento que nos puede ayudar a todos a ese acercamiento que es la solidaridad humana, la sensibilidad, la tolerancia y en un diálogo ambas partes buscar una solución”, acotó.
En la primera parte del pronunciamiento emitido por la UMSA, se hace referencia al conflicto de las personas con discapacidad, quienes llevan más de un mes en la Sede de Gobierno en una vigilia, con la que exigen un bono mensual de 500 bolivianos.
“Advertimos con indignación el trato inhumano hacia las personas con discapacidad, por parte de las autoridades gubernamentales, al no atender con la debida inteligencia y sensibilidad humana, su pliego petitorio basado en una renta digna que les permita solventar sus elementales necesidades”, se lee en el comunicado.
Más adelante, se denuncia la supuesta utilización del Órgano Judicial y la Fiscalía como instrumento de represión contra varios sectores, “llegando a criminalizar la protesta social” y “coartar la libertad de pensamiento y expresión al conminar al docente universitario, Diego Ayo, para que se retracte de su producción intelectual realizada respecto al caso Fondo Indígena.
La UMSA también se pronuncia, en este comunicado, respecto al despido masivo de los trabajadores de Enatex.
Finalmente, cuestiona las acciones represivas contra abogados que eventualmente defendieron a personas contra quienes se querelló el Gobierno.
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