Tribunal de Mujeres pide justicia por muerte de concejal

El Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad, tras más de tres horas de debate en el caso del asesinado de la ex concejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, emitió su primera resolución responsabilizando al Ministerio Público de incurrir en retardación de justicia y viabilizar la impunidad en este proceso y advirtió que de no garantizar el debido proceso en este caso, el Estado puede ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Tribunal de las Mujeres contra la impunidad, haciendo uso efectivo del control social, impone una sanción moral y social en contra de los administradores de justicia del Estado por tolerar la vulneración de los derechos humanos como el derecho a la vida, el ejercicio libre y los derechos políticos de la ex concejala Juana Quispe Apaza, por no haber actuado oportunamente para resguardar la seguridad de la integridad de la Concejala y promoviendo la impunidad después de su asesinato, a través de sus actores”, señala una parte de la resolución.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, destacó esta iniciativa porque permite dar paso a un nuevo para que la justicia “deje de ser un ámbito oscuro y siniestro, privativo de expertos y letrados que consideran que sus actuaciones y sus fallos son absolutos y sus procedimientos vedados a la vigilancia pública”.

“Esta instancia, cuenta con el pleno apoyo de la Defensoría del Pueblo que, aunque no está bajo su dependencia, coincide plenamente con nuestros principios, valores y políticas”, dijo.

El proceso

Durante la sesión, la abogada de la familia Quispe, Valquiria Lira, familiares de la exconcejala y representantes de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) dieron a conocer los hechos que precedieron la muerte de la ex autoridad edil de Ancoraimes y presentaron los argumentos con los que responsabilizaron a las y los fiscales y la autoridad judicial que conocieron el caso de incurrir en retardación de justicia.

Según la resolución del Tribunal, los representantes del Ministerio Publico actuaron de manera negligente porque no efectuaron los actos idóneos para lograr el esclarecimiento del hecho provocando que importante prueba testifical y documental no sea oportunamente recogida. Esto causó que no se realizara un análisis adecuado y se emitieron resoluciones sin sobreseimiento, cita el documento.