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La justicia federal en Sao Paulo (Brasil) abrió una causa criminal contra representantes legales de la empresa de confección de ropas Gregory, por supuestamente usar a trabajadores bolivianos en condiciones análogas a las de esclavitud.
La información fue divulgada este miércoles por la Fiscalía de la República, que presentó la denuncia ante la justicia. Según la acusación del Ministerio Público Federal, en febrero y marzo de 2012, fueron rescatadas 22 víctimas 'sometidas a condiciones degradantes, jornadas exhaustivas y actividades forzadas'.
El rescate de los trabajadores ocurrió en medio de la fiscalización realizada por auditores en el marco del programa de erradicación del trabajo esclavo urbano.
Según el informe fiscal que basó la denuncia, los establecimientos y talleres de costura, ubicados en Sao Paulo y en la región metropolitana, eran contratados por proveedores directos de Gregory para la confección de prendas de vestir.
Entre los acusados están dos bolivianos que administraban un taller en la zona norte de la capital paulista: Cesar Antonio Morales Cárdenas y su padre Jorge Morales Mollericón. Ellos empleaban a 10 personas que atrajeron desde Bolivia, que vivían y trabajaban en el mismo lugar, junto a sus hijos.
Según la Fiscalía, la fiscalización encontró incluso a un bebé, con un mes de vida, que dormía entre los motores de dos máquinas de coser, en una cuna improvisada con cajas de cartón.
"Además de las pésimas condiciones de los alojamientos, que incluían suciedad, infiltraciones, instalaciones sanitarias precarias e irregularidades en la red eléctrica, los costureros eran sometidos a jornadas que oscilaban entre 14 y 17 horas al día", destaca la denuncia.
"Los empleadores restringían incluso la locomoción de las víctimas, que sólo podían dejar el taller para resolver asuntos personales mediante autorización previa", agrega.
El Ministerio Público Federal sostiene, además, que uno de los bolivianos, Cesar Morales Cárdenas, 'no solía autorizar la salida de los trabajadores del establecimiento cuando había muchos pedidos y el plazo estaba apretado'.
La acusación dice que los costureros recibían en promedio 3 reales por pieza producida y aún pagaban con su fuerza de trabajo por los pasajes utilizados para venir de Bolivia, 'en una situación de servidumbre por deuda'.
"Sólo con muchas horas de trabajo los costureros conseguían obtener alguna ganancia, después de descontados los valores de vivienda y alimentación, descuentos que ni siquiera eran percibidos por las víctimas", afirma la denuncia.
El taller costuraba ropa exclusivamente para Gregory y la marca Belart, de la empresa WS Modas Ltda., Que pertenece al coreano Won Yong Paek, también denunciado.
"WS Modas funcionaba como intermediario en la cadena productiva, pues, a pesar de ser contratada como proveedora directa de Gregory, no tenía capacidad técnica para confeccionar el volumen de piezas encomendadas y, por eso, cuadraba la producción para el taller de Cesar y Jorge", señalan los investigadores.
"Lo mismo ocurría con la empresa de propiedad de la denunciada Patricia Su Hyun Ha, contratada como proveedora de Gregory, aunque no poseía máquinas de coser y empleados para la confección de las vestimentas. La empresaria intermediaba la subcontratación de otros tres tallere (…) los cuales utilizaban mano de obra informal. En total, 12 bolivianos actuaban en los establecimientos, que producían exclusivamente piezas de Gregory”, dice la acusación.
En los locales se encontraron infiltraciones, instalaciones sanitarias precarias e irregularidades en la red eléctrica, con grave e inminente riesgo de incendio.
Las pésimas condiciones de los espacios de trabajo y vivienda amenazaban la salud y la seguridad de los empleados que, además, trabajaban unas 15 horas al día.
Según la denuncia, las pruebas recogidas refuerzan la responsabilidad directa de Gregory y de sus dueños por la explotación de trabajadores en condición análoga a la de esclavo, por medio de la utilización de talleres de costura subcontratados.
"Los responsables legales de Gregory ocupaban la cima de una cadena de producción de prendas de vestir, intermediada por las empresas de confección WS Modas Ltda. y Patricia Su Hyun Ha Ltda. Los talleres inspeccionados prestaban, en realidad, servicios encomendados por Gregory, siendo ella la verdadera empleadora de las víctimas rescatadas ", destaca la denuncia de la Fiscalía.
Fuente; Periódico Estadao de Sao Paulo
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