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El Gobierno a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), Héctor Arce, exigió este sábado "máxima sanción administrativa y penal" para la profesora Hilda C. que golpeó a su alumna en una escuela del municipio de Gutiérrez en el departamento Santa Cruz.
"Toda violencia es condenable, pero la peor de todas es la que se ejerce contra los niños, quienes no tienen la capacidad de defenderse, denunciar y ni siquiera entender lo qué pasa. Condenamos este hecho y exigimos la máxima sanción administrativa y penal", escribió el ministro Arce en su cuenta de Twitter.
La profesora fue grabada golpeando a una niña estudiante. En el video de la agresión, se observa que en el aula la maestra reprendió a la niña y usó una vara para golpearla en reiteradas ocasiones, a pesar de que la menor rogaba para que no lo hiciera. Este hecho provocó el pronunciamiento de autoridades.
El presidente Evo Morales también condenó la actitud de la profesora y calificó de "inhumana" la agresión. Pidió al ministro de Educación Roberto Aguilar aplicar las sanciones más drásticas porque "enseñar no es abusar ni golpear".
"Condenamos la inhumana agresión física de una profesora a su alumna, que ha sido denunciada en redes sociales. Instruimos al ministro de Educación actuar con celeridad y firmeza para aplicar las sanciones más drásticas, de acuerdo a la ley. Enseñar no es abusar ni golpear", escribió el Jefe de Estado.
En ese marco, el director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, Carlos Echazú, dijo que en el ámbito educativo generó indignación y repudio el acto de esa profesora. Indicó que la primera medida fue suspender a la agresora. Luego se procederá a iniciarle un proceso administrativa y, además, por la gravedad del hecho, se la llevará ante la justicia penal.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, informó que una comisión de la Delegación Defensorial de Departamental de Santa Cruz, llegó hasta el municipio cruceño de Gutiérrez y verificó el estado de salud de la niña A.S.C. y que ella sea atendida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio.
La Defensoría constató que la denuncia fue presentada por la DNA al fiscal Juan Carlos Paniagua Bazán, cuyo asiento se encuentra en Camiri, a una hora de Gutiérrez. El representante del Ministerio Público emitió el requerimiento para la valoración médico legal, pero al no existir médico forense en la localidad camireña, la Defensoría del Pueblo trasladó a la niña hasta la población de La Guardia, donde el médico forense estableció que tiene cinco días de impedimento.
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