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El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que el Ministerio Público no investiga las tres muertes ocurridas durante la incursión policial al Hotel Las Américas, ocurrida el 16 de abril de 2009, en la cuidad Santa Cruz.
Esa afirmación la realizó durante una petición de informe oral, a solicitud de la senadora Carmen Eva González, a propósito de la afirmación del FIscal General, en sentido que el caso de la muerte del irlandés Michael Dwyer, es una investigación cerrada.
Esta fiscalización surgió después de que en enero el parlamentario irlandés Alan Kelly acusara al Gobierno de Bolivia de "ejecutar" y "asesinar" a su conciudadano Dwyer, quien formaba parte del grupo de Eduardo Rózsa.
González mostró los informes periciales evacuados por técnicos forenses donde se establece que Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi, fueron sumariamente ejecutados por fuerzas policiales que incursionaron al Hotel Las Américas, en un operativo supuestamente contra un grupo irregular armado que impulsaba la división territorial de Bolivia.
El fiscal aseguró que no se toman en cuenta otros informes que se hubieran presentado o existido de otros países, porque “hay un principio que es la licitud de la obtención de la prueba que es la pertinencia en el momento en el cual deben presentarse estas pruebas”.
Afirmó que “en el cuaderno de investigación (…) no se encuentra ese informe, tampoco las fotografías que nos mostraba la senadora González, por lo tanto, toda la investigación, los exámenes y los informes periciales que se han realizado en el Instituto de Investigaciones Forenses, tienes licitud, sirven como prueba y es parte de la acusación y la demostración que realiza el Ministerio Público de estos hechos sucedidos el 2009”.
Como parte de las 16 preguntas del acto de fiscalización, se consultó a Guerrero si como Fiscal General del Estado se hacía responsable de todo el trabajo que realizó sobre este caso el Ministerio Público. Deslindó asumir responsabilidad por lo que hicieron otros fiscales, señalando que en su momento hubo una comisión de fiscales, conformada por instrucción del ex Fiscal Generall Mario Uribe y del Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, que encomendaron la tarea al exfiscal Marcelo Soza.
Aseguró además que los protocolos de autopsia de las tres personas que fallecieron, a los que dio lectura en sesión pública, establecen las causas de la muerte. “Eso es lo que existe en el cuaderno y eso lleva a los fiscales a desarrollar las acusaciones sobre delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, técnicamente hablando”, remarcó la autoridad.
“Aquí nadie puede asumir responsabilidad de antes, de anteriores gestiones. Esto ocurrió en abril de 2009, yo soy Fiscal General del Estado desde el 23 de octubre de 2012. La acusación fue presentada el 23 de abril de 2011, ya en juicio oral, con todas las pruebas acumuladas», manifestó en su descargo.
A pesar que no pudo avalar el trabajo de anteriores fiscales, aseguró que la Fiscalía da por «cerrada la investigación».
En torno a los motivos por los cuales se trasladó a la Unidad Táctica de Reacción Inmediata (Utarc), Guerrero tampoco ofreció respuesta y remitió a la senadora peticionante, a consultar al Comandante General de la Policía de ese entonces, para que precise cuántos efectivos fueron desplazados, para qué y por orden de quién, porque la UTARC -disuelta tras el operativo- no dependía del Ministerio Público, sino de la Policía Boliviana.
Del por qué se trasladó el caso a La Paz siendo que el hecho sucedió en Santa Cruz, Guerrero dijo que se debe a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que reconoció la tutela solicitada por la jurisdicción paceña. La autoridad se limitó a responder de manera general al cuestionario formulado por la senadora Gonzales.
La opositora declaró poco satisfactorias las respuestas del Fiscal quien sin embargo recibió respaldo de la bancada del MAS. González advirtió a la bancada oficialista que la familia del irlandés Michael Dwyer impulsa un juicio contra el Estado por ejecución sumaria, un delito internacional imprescriptible, y que en algún momento el Estado deberá rendir cuentas ante la justicia internacional.
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