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Tras los hechos de corrupción en la institución del orden, el Gobierno dispuso que los jefes de todas las unidades policiales sean sometidos a pruebas de polígrafo, conocido como detector de mentiras.
Entretanto, los oficiales subalternos tendrán que pasar por la misma prueba, pero de manera aleatoria, es decir, al azar.
El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a tiempo de informar las medidas de reestructuración tras el caso del coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira, por vínculos con el narcotráfico.
Romero emitió una resolución cuyo cuarto punto dispone “la obligatoriedad de la prueba del polígrafo a los jefes de todas las unidades policiales y de manera aleatoria para todos los servidores policiales de la misma unidad”.
Asimismo, como otra medida de control, ordenó que en los archivos de cada servidor policial se incluya una declaración jurada de vínculos familiares y de afinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
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