Seguridad
Llevó el caso ante la Fiscalía
Murillo denuncia compra irregular de seis helicópteros
Murillo informó este miércoles sobre la denuncia. Foto: ERBOL.


Miércoles, 21 Noviembre, 2018 - 13:09

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía, por presuntas irregularidades en la compra de seis helicópteros chinos, por 108.729.121 dólares, de parte del Gobierno.

El opositor explicó que lo anómalo es que dicho proceso de contratación fue realizado “al revés”, es decir, que no se siguió la secuencia procedimental que manda la norma.

Indicó que para la compra de los helicópteros se firmó el contrato el 2 de agosto de 2011, luego se suscribió el convenio de préstamo para el financiamiento con China el 22 de diciembre de 2011 y después, el 28 de marzo de 2018, se ratificó el convenio mediante ley.

Sin embargo, según Murillo, el procedimiento legal debería tener otra secuencia: primero se tenía que suscribir el convenio de financiamiento, luego aprobarlo mediante ley, después emitir una resolución ministerial para autorizar la adquisición, y rocíen por último firmar el contrato para la compra.

El senador precisó que los denunciados son la exministra de Defensa Cecilia Chacón (actual concejal en La Paz) y el excomandante de las Fuerzas Armadas Tito Gandarillas, porque fueron los que firmaron el contrato para la adquisición de los helicópteros.

Murillo asevero también que de los 108 millones de dólares del contrato, 58 millones eran para los helicópteros y 50 millones para otros temas como simuladores de vuelo, equipos de prueba, cursos y documentos.

Aseveró que tienen información en sentido de que los helicópteros también presentan graves problemas de funcionamiento.

Con esos argumentos, Murillo aseveró que se trata de un caso de daño económico al Estado.

En su denuncia, dirigida al fiscal general Juan Lanchipa, el senador precisa que los delitos cometidos en esta contratación serían los de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución y contratos lesivos al Estado.