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Noemí Cámara y su abogada Paola Barriga oficializaron la tarde de este lunes su querella por el caso Katanas contra funcionarios de la Policía, la Dirección de Migración y la Alcaldía de La Paz.
Sin embargo, el municipio y Migración negaron que los sujetos mencionados en la denuncia sean sus funcionarios.
El centro nocturno está investigado por el delito de trata y tráfico a denuncia de Noemí, quien es hija del dueño del club. Según la acusación, el propietario del Katanas, Marco Cámara, engañaba a jóvenes mujeres para llevarlas a su local y usaba medios ilícitos para mantenerlas trabajando como damas de compañía.
Barriga indicó que la querella es en contra de más de siete personas. Si bien en horas de la mañana dijo que estaban implicados dos funcionarios ediles, en la tarde aseveró que había uno solo entre los acusados.
Señaló que la denuncia también es en contra dos exservidores de Migración del Ministerio de Gobierno, dos policías y familiares de Cámara.
Explicó que en el centro nocturno se encontró libros de registro en que figuran nombres de los funcionarios, a quienes supuestamente se les pagaba para que alerten de operativos de control al Katanas y coadyuven con consumar el delito de trata.
Respecto a los policías, la abogada aseveró que los mismos han estado cinco años protegiendo a Marco Cámara e incluso era encargados de recoger a las muchachas.
La Alcaldía ve irresponsabilidad
El director jurídico de la Alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez, advirtió que existe irresponsabilidad en la querella presentada por Barriga y Noemí Cámara, puesto que menciona a una persona que no es funcionario del Gobierno Municipal.
Precisó que la querella acusa a un tal Jaime Mendoza, como servidor edil, pero actualmente la Alcaldía no tiene en sus registros a este nombre.
“Nos parece altamente irresponsable el manejar y mellar la imagen institucional sin tener datos concretos que permitan realizar estas acusaciones”, dijo Velásquez.
El director jurídico manifestó que no se está manejado este tema delicado como corresponde. “Sin duda alguna, esta es una acción irresponsable”, agregó.
No obstante, la Alcaldía lleva adelante una investigación. El director de Transparencia, José Antonio Ochoa, informó que las pesquisas buscarán identificar si hubo o no responsabilidades en el trámite de licencia de funcionamiento del Katanas.
“Si existe algún incumplimiento de alguno de nuestros funcionarios, se va a establecer a través de nuestro informe y se va a recomendar lo que corresponde”, explicó la autoridad, según AMN.
Migración niega que sean funcionarios
Mediante un comunicado, la Dirección General de Migración afirmó que los ciudadanos Daniel Larrazabal y Julio César Ledezma, mencionados en la denuncia, no son dependientes del Ministerio de Gobierno.
La Fiscalía refuerza investigación
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo en Sucre que ha instruido la conformación de una comisión de fiscales para investigar el caso Katanas, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
Explicó que hasta ahora sólo una fiscal especializada en trata estaba a cargo del proceso, pero ahora se sumarán otros investigadores se sumarán.
Guerrero indicó que entre los nuevos fiscales del caso hay especialistas en el tema de legitimación de ganancias ilícitas.
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