Representantes alteños y exministro de Goni se desafían

Cuando cayó el gobierno de Goni en 2003, las autoridades del Poder Ejecutivo de aquel entonces denunciaron que la movilización social concentrada sobre todo en la ciudad de El Alto fue promovida y financiada por interese políticos digitados desde el exterior del país (Cuba y Venezuela) para derrocar al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Se habló incluso de grupos irregulares que habrían operado en el país.

Por su parte, los dirigentes sociales siempre rechazaron esta versión y la calificaron como un argumento inventado por Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores para ocultar el fracaso del gobierno del MNR frente a las demandas que tenían los sectores populares del país, una de las más importantes era el rechazo a la posibilidad de exportar gas a Estados Unidos por puertos chilenos.

Esta polémica sobre las causas de la caída del gobierno de Goni se ha mantenido en el tiempo y también se reflejó en el debate que sostuvieron en el programa La Mañana en Directo de radio Erbol Mauricio Balcazar, exministro de información del gobierno de Sánchez de Lozada, el dirigente social alteño Roberto de la Cruz y Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la Guerra del Gas.

“Un rato, un rato, un rato señor Balcazar, si usted sigue insistiendo con los grupos irregulares, Pacho Cortez, etc., etc., le desafío ¿Está en condiciones de demostrar con pruebas hoy, mañana, por lo menos una fotocopia de esos grupos irregulares que dice? ¿Está en condiciones? De lo contrario, creo que ya está perdiendo el raciocinio usted señor”, declaró durante el debate el dirigente Roberto de la Cruz.

La respuesta de Balcazar fue en sentido de enviar al país la documentación que tiene.

“Claro que puedo. (…) Voy a mandar un documento de la fiscalía colombiana. Señor, por favor, lea los periódicos de la época, de marzo del 2002, lea la proclamación de Evo Morales en Cochabamba creando el Estado Mayor como organización militar y donde firma que va a derrocar a Gonzalo Sánchez de Lozada”, respondió Balcazar.

Entre los principales argumentos que expuso el exministro de Goni está el referido a la presencia en el país del ciudadano colombiano Francisco Pacho Cortés.

Cortés fue detenido en abril de 2003, acusado de terrorismo y alzamiento armado, junto a dos cocaleros, uno de los Yungas y el otro del Chapare. Cortés estuvo vinculado al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), según información de aquel momento. En declaraciones que hizo a medios de comunicación negó que su objetivo en Bolivia sea organizar grupos irregulares, se declaró como activista de los derechos humanos que apoyaba a organizaciones campesinas.

Las autoridades nunca lograron probar las acusaciones en su contra y obtuvo refugio político en el país. En octubre de 2014 murió. Lo que se supo es que fue a consecuencia de una enfermedad que padecía, días antes de su muerte estuvo internado en el Hospital de Clínicas.

Mauricio Balcazar aseguró que hay pruebas que vincularían a Cortés con la organización de las protestas sociales de 2003.

“Cuando se detuvo a Pacho Cortés, se lo encuentra con los planes de manejar una revuelta en Bolivia, planes escritos, donde tenían hasta nombres de los ministros. Ellos (De la Cruz y Mayta) nunca mencionan esto. En papeles de la fiscalía colombiana, por suerte están ahí y deberían estar en la fiscalía boliviana, porque en una cooperación judicial se envío a la fiscalía general, yo tengo los documentos”, dijo Balcazar.

Al respecto, el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, respondió que fue responsabilidad del gobierno de Goni procesar a Pacho Cortés y no lo hizo.

“Hay que recordar que Pacho Cortés fue detenido en el gobierno de Sánchez de Lozada y nunca fue condenado, no lograron establecer ningún nexo. En El Alto nadie conocía a Pacho Cortés, ni la dirigencia ni la gente de a pie”, señaló.

Mayta resaltó que durante las declaraciones en el proceso de investigación, los responsables de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas negaron que un grupo irregular hubiera operado en Bolivia durante la crisis del 2003.

“Bajo declaración jurada, los responsables de inteligencia de la Policía Nacional declararon que en Bolivia no operaba en septiembre y octubre de 2003 ningún grupo irregular. Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército también declararon que no existía ningún grupo irregular. Es más, en octubre de 2003, Cosdena, el Consejo Supremo de Defensa Nacional, le manda una carta a Sánchez de Lozada, diciendo que hay un grave problema de convulsión social y que era necesario dar una solución política, no se habla de un grupo irregular ni de financiamiento externo”, declaró el abogado Mayta.

De esta manera, ambas partes defendieron sus posiciones respecto de las razones por las cuales cayó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y las responsabilidades de autoridades por la muerte de más de 60 ciudadanos.