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Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz lamentaron que la Cumbre Nacional de Justicia no haya viabilizado el 3% de incremento del presupuesto judicial en relación al PGN para encarar una reforma de fondo del Órgano Judicial, informó la presidenta de la justicia paceña, Carmen del Río Quisbert, tras haber presentado un informe de las conclusiones a las que arribó el encuentro realizado el fin de semana en Sucre.
Señaló que algunas propuestas técnico/jurídicas de los tribunales departamentales no fueron tomadas en cuenta por la presencia mayoritaria de casi el 99% de organizaciones sociales y representantes del Ejecutivo y Legislativo.
“Los representantes del Órgano Judicial no llegábamos al 1% en relación a los más de 1.500 delegados asistentes a la Cumbre Nacional y esto bajó a la mínima expresión la representatividad de magistrados, vocales jueces”, dijo al indicar que no se pudo lograr un respaldo mayoritario para mejorar las condiciones presupuestarias con un porcentaje concreto.
Una de las conclusiones de la Cumbre de Justicia señala: “mejorar las condiciones materiales y presupuestarias del Órgano Judicial condicionado a un estudio previo de necesidades a nivel nacional y por regiones”.
Al respecto, Quisbert afirmó que por esa decisión genérica, el 2016 no habrá un incremento en la arcas del tesoro judicial por lo que tampoco será posible llevar adelante medidas estructurales de transformación con resultados óptimos a corto, mediano y largo plazo.
Mayor presupuesto
La presidenta del TDJ dijo que en criterio del TSJ la asignación presupuestaria para la justicia debería incrementarse del casi 0,40% que recibe en la actualidad a por lo menos el 3% en proporción al Presupuesto General del Estado (PGE).
Precisó que el 2014 el monto fue de Bs 259.459.000 millones, el 2015 de Bs 799.734.000 millones y para este año se programó 850.336.000 millones, es decir, entre el 0,26% y el 0,40%.
Aseguró que, por ejemplo, un nuevo presupuesto permitiría resolver la falta crónica de personal en el Órgano Judicial.
“En La Paz, hace un año nos han reducido cerca de 60 ítems y al momento falta la reposición de 17 de esos cargos para el personal subalterno; entre el 2015 y lo que va del 2016 se han presentado 65 renuncias de funcionarios judiciales y al momento tenemos 28 acefalías de vocales y jueces”, dijo.
Asimismo dijo que se cuenta con una sola Jueza de la Niñez y Adolescencia para atender más de 7.000 causas; en las otra materias, en promedio, cada juez tiene sobre sus espaldas más de 1.000 trámites que son humanamente imposibles de atender en los plazos procesales, por lo que propuso que el número de ítems de jueces y vocales que al momento llega a 1.180 en todo el país sea, al menos, duplicado.
Por su parte, Aida Luz Maldonado, decana en ejercicio de la presidencia del Distrito Judicial de La Paz lamentó que el fortalecimiento de la autonomía económica no se haya materializado en la Cumbre con una asignación presupuestaria porcentual definida por Ley y observó que tampoco se haya tratado el fortalecimiento de la independencia judicial.
“Hay quienes no consideran que el crecimiento sostenido de los cientos de miles de causas viene de mano de la generación de nuevas figuras legales y penales aprobadas en el Legislativo sin tener el cuidado de dotar medios materiales y humanos para implementarlas”, aseguró.
La presidenta del TDJ recordó que La Paz tiene la mayor carga procesal de Bolivia.
“En promedio, los 200 jueces y 17 vocales tenemos la responsabilidad de atender 300.000 causas cada año. Esto es casi un tercio de las causas a nivel nacional y atendemos mucho más que los distritos judiciales de Beni, Pando, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Potosí juntos; además de que todos los casos emblemáticos o de impacto nacional se concentran en La Paz”, afirmó.
Evaluación de jueces
El proceso de evaluación de vocales y jueces debe respetar la Constitución y las leyes vigentes de manera que la comisión inter poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) adopte decisiones con objetividad, respeto a los derechos laborales de los funcionarios y cumplimiento del principio de la presunción de inocencia, señaló.
“Estas limitaciones que enfrentamos en La Paz deben ser tomadas muy en cuenta a la hora de evaluar a los jueces y vocales. Es decir que además de ponderar a los operadores de reconocida carrera judicial, experiencia, transparente y ética se debe tomar en cuenta ese cúmulo de adversidades como la excesiva carga procesal, falta crónica de personal suficiente, renuncias y acefalías que hacen imposible cumplir con los plazos procesales”, explicó.
Consideró que además de la parte cognitiva, ética, moral, honestidad y compromiso social de los administradores de justicia, se debe tomar en cuenta también los esfuerzos que la mayoría de vocales y jueces hacen para mantener el sistema judicial y otorgar seguridad jurídica al país no obstante de la gigantesca carga procesal que enfrenta cada uno de los jueces.
Por ejemplo, dijo, en los Juzgados de Partido Civil e Instrucción Civil, el 2015, se han tramitado 46.600 causas, de las cuales se han resuelto 22.837, casi el 50%.
Cada uno de los 42 jueces del área civil tiene bajo su responsabilidad, cerca de 1.100 causas en promedio.
Otro punto crítico –afirmó- son los juzgados de la Niñez y la Adolescencia en los que el año pasado se han tramitado 7.000 causas de las cuales sólo se han resuelto 400 casos, es decir, el 6%.
Esto porque la única jueza de esta materia tiene bajo su responsabilidad 7.000 causas, una carga imposible de encarar.
En los juzgados Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer la situación es también de alta sensibilidad, añadió.
“En estas oficinas existen 13.500 causas de las cuales se han resuelto 1.162, es decir, el 9% porque tenemos asignados sólo tres jueces pero que al momento eso cargos están acéfalos. Esto quiere decir que cada uno de los jueces debería atender más de 4.000 causas”.
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