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El fiscal Ronald Chávez explicó este viernes que se tiene tres poderes y otros dos documentos que sirvieron como base indiciaria para la imputación contra el concejal Fabián Siñani, por el caso TERSA.
El representante del Ministerio Público hizo esa aclaración en respuesta a notas de prensa, en que se puso en duda los argumentos que tuvo la Fiscalía para acusar a Siñani, como carencia de contratos.
Chávez explicó que existen tres poderes, que dieron TERSA y su accionista Edwin Saavedra, para otorgar representación legal a Maricruz Medrano, esposa de Siñani.
Según el fiscal, TERSA entregó “poderes amplios” a Medrano para hacer diligencias administrativas, penales y judiciales; además sostuvo que el empresario Saavedra dio “poderes absolutos” de representación a la esposa del concejal.
Los otros dos documentos, que refirió el fiscal, son trámites realizados por Medrano ante el municipio y que fueron respondidas por el mismo concejal Siñani, omitiendo que había un vínculo entre ambos.
El fiscal sostuvo que esa documentación fue presentada ante el juzgado que llevó adelante la audiencia de medidas cautelares de Siñani. Aseveró que la propia juez cuestionó que el concejal haya omitido informar que su esposa hacía diligencias para TERSA, cuando existe la Ley de Control y Administración (SAFCO).
Reconoció que la defensa de Siñani tiene el derecho de argumentar que no hay contratos que hayan sido firmados por Medrano, pero aclaró que aún se tiene que investigar más documentos relativos al caso.
El fiscal Chávez explicó, además, que no se necesita ese tipo de firmas para comprobar el delito de uso indebido de influencias. Indicó que sólo se requeriría que alguien tenga un “conocido” o un amigo que le facilite un trámite para comprobar que se cometió el ilícito.
Siñani cumple detención domiciliaria, mientras es investigado por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía sostiene que Siñani habría cometido esos ilícitos porque omitió informar al Concejo que su esposa era apoderada de TERSA y, además, respondió a trámites hechos por su cónyuge, generándose así un conflicto de intereses que no fue reportado.
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