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Tal como sucedió con Edwin Blanco, la fiscal Susana Boyán, cuestionada por su actuación en el caso Alexander, decidió renunciar al Ministerio Público tras haber sido cambiada de cargo a la ventanilla de control biométrico.
Boyán fue fuertemente cuestionada por su acusación contra el médico Jhiery Fernández por el delito de violación. Varias entidades, incluyendo el Defensor del Pueblo, afirmaron que esa investigacion careció de objetividad.
Ejercía el cargo de Coordinadora de la Unidad de Personas de la Fiscalía de La Paz, pero el actual fiscal departamental William Alave decidió removerla del cargo jerárquico, aunque se mantenía cumpliendo funciones en el Ministerio Público.
Boyán debía presentarse a atender el control biométrico, pero antes renunció. En su carta de dimisión sólo especificó que era por motivos personales, según Alave.
El fiscal departamental negó que el control biométrico sea una degradación, porque Boyán iba a mantener el título de fiscal y no se le rebajaría su sueldo.
La ahora exfiscal no sólo imputó al médico, sino además pidió que se le aumente su condena de 20 años a 30 años de cárcel.
Asimismo, Boyán fue sindicada en varias ocasiones de amenazar con iniciar procesos a quienes presenten indicios a favor de la inocencia de Fernández.
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