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El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, negó que hubo irregularidades en los procesos de contratación de empresas para los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Indicó que luego de una revisión, se corroboró que los procesos están de acuerdo a la norma y protocolos internacionales que rigen este evento deportivo.
"Si han habido errores, han habido cosas que tienen que ser regular, tienen que ser investigados. Pero en este momento, la revisión que nosotros hemos hecho es que en términos generales todos los procesos se han adecuado a la norma vigentes en el país", aseveró la autoridad.
La investigación de los procesos de contratación surge tras la denuncia del senador opositor Óscar Ortiz que la empresa Arte Bolivia, con cuatro meses de existencia y de propiedad del exministro de Culturas Pablo Groux, fue contratada para administrar la inauguración y clausura de los Juegos Odesur.
Asimismo, Jiménez aseguró que el presidente Evo Morales sólo estuvo durante la planificación del acontecimiento deportivo reuniéndose con diferentes autoridades. Aclaró que hubo una feria de contrataciones que se realizó en el estadio Félix Capriles en Cochabamba, un evento público que permitió conocer las propuestas de las empresas.
"El presidente Evo, en el marco de su autoridad, como jefe de Estado, lo que ha hecho es tener muchas reuniones con gobernadores, alcaldes, autoridades de Odesur para ver cómo se está planificando un evento que tiene que ver con la imagen del país en un evento internacional. Escuchó a varias empresas pero no se tomaron determinaciones", explicó el Viceministro.
El mes pasado, el senador opositor Oscar Ortiz denunció que los miembros del Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018-CODESUR, aprobaron la adjudicación directa de 201 contratos para la compra de bienes y servicios por un valor de 119 millones de bolivianos, desde el 3 de enero de este año hasta la fecha.
Además, señaló que existen 17 procesos que demandaron un gasto de Bs 46 millones donde hay un solo proponente que fue adjudicado, cuando lo correcto era escoger la licitación pública o mediante el programa Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE).
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