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Un grupo de socios de la cooperativa aurífera Chacarilla presentó denuncias ante el Ministerio Público y el Gobierno, en contra de la Fiscalía Departamental de La Paz por presuntas anomalías en el proceso que se les sigue adelante por una presunta estafa.
Según la denuncia, el ciudadano Francisco H. M. está exigiendo que los cooperativistas le devuelvan un préstamo de 45 mil dólares que tuvieron para la compra de un tractor, pero los mineros aseguran que ya devolvieron ese dinero más los intereses.
La Fiscalía inició un proceso penal contra los cooperativistas por este caso y, en abril de 2017, el fiscal Vladimir Monje se presentó en el lugar de trabajo de los mineros, a unas 12 horas de La Paz, junto con cuatro policías para aprehenderlos.
De acuerdo con el relato de los mineros, en el camino de vuelta a La Paz se observó que el fiscal Monje había actuado por influencia de Kevin P. M., sobrino del presunto acreedor, y el fiscal departamental Edwin Blanco.
A pesar de estar aprehendidos, los mineros aseguraron que no fueron a audiencia de medidas cautelares y que al salir de celdas fueron amenazados por Kevin, quien les dijo que tenía influencia en la Fiscalía y que de no pagar los 45 mil dólares pasarían otra noche en la cárcel.
Los mineros consideran que son perseguidos de manera ilegal. El tesorero de la cooperativa Erwin Rosales aseguró que él mismo entregó 52 mil dólares a Francisco H. M. por el pago de la deuda.
Entonces, se realizó la investigación en la misma se detectaron irregularidades. Los cooperativistas afirman que el protocolo notarial, con que Francisco H. M. les exige la deuda es falsificado.
En la denuncia se hace referencia al informe del policía investigador, en el cual se sostiene que se hizo la verificación en la oficina de una notaria, donde no se encontraron los formularios que conforman el protocolo.
Asimismo, el policía investigador constató la existencia del recibo por el cual se había pagado la deuda.
Los cooperativistas lamentaron que se los haya aprehendido en base a un proceso iniciado con un documento falso.
Sin embargo, ahí no terminó su calvario, puesto que -según los mineros- después de hallarse las irregularidades, el fiscal Blanco emitió una resolución de conversión de acción, llevando el caso del ámbito penal al civil.
Los cooperativistas denunciaron que el caso recayó en el juzgado se sentencian penal octavo, y que Kevin P. M. sería un auxiliar, y que además hubo irregularidades en la remisión de los antecedentes a esta sala.
La denuncia señala que en este juzgado se les dio detención domiciliaria, pero la juez encargada se dio cuenta de que el caso se sustentó en un documento falso y, de oficio, revocó la medida cautelar.
Ante las anomalías, los mineros presentaron denuncia contra Francisco H. M., Kevin P. M. y sus cómplices, que incluirán a funcionarios del Ministerio Público, en embargo, ese cuaderno de investigación con sus pruebas desaparecieron de la Fiscalía.
Los mineros presentaron la denuncia por este caso ante la Dirección de Gestión Fiscal del Ministerio Público y el Viceministerio de Régimen Interior, entre otras entidades.
Los denunciados son Blanco y los fiscales que actuaron en el caso, por los tipos penales de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, cohecho, y consorcio. Aseguran que hay una red de corrupción en el Ministerio Público.
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