Abogado pedirá careo entre 22 investigados y Achacollo

Guillermo Llacsa, abogado de Félix Mamani, exdirector financiero del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), ahora detenido, anunció que una vez que se cumplan ciertos requerimientos fiscales, pedirá un careo entre su defendido, los 21 imputados restantes, con la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, quien figura en el caso como querellante.

“El careo tiene que ser con los 22 imputados. La ministra Achacollo no está incluida en la investigación del caso de manera formal (…) Ella está como querellante y el careo nos permite pedir que no sólo sea entre los imputados, sino también con los querellantes”, explicó el jurista.

Mamani fue aprehendido el pasado 23 de junio por los cargos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y peculado. La defensa técnica del exadministrativo reiteró la inocencia de su cliente y dijo que la investigación debe revelar quiénes son los principales responsables del caso.

“Ya se está pasando los seis meses de investigación y de no investigarse nada, se va a caer como telaraña el hecho, puede prescribir, puede extinguirse la acción penal y con los nuevos beneficios que otorga la ley solamente habrá acusación fiscal para unos cuantos”, sostuvo.

En tanto, el dirigente de los Colonizadores, Gustavo Aliaga, pidió a la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, presentar un avance de la fiscalización sobre la administración de recursos millonarios y los posibles responsables implicados en el caso.

“Lamentamos mucho que la interventora hasta ahora no haga conocer ningún resultado. En primera instancia había un tiempo que era de 90 días para conocer un informe pero ya se debería conocer un informe preliminar, no quisiera pensar que se está socapando a alguien y favoreciendo a otros técnicos o dirigentes”, indicó.

Al respecto, la jefa de bancada de Unidad Demócrata (UD, Jimena Costa, aseguró que la interventora no responde a las preguntas y que sólo presenta fotocopias que no significan un mayor sustento de la información que se requiere.

“Lamentablemente la información sigue siendo confusa e incompleta, hemos hecho diversas peticiones de informe, una como Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, otra el diputado Rafael Quispe y otra mi persona. Pero la interventora nos entregaba 36 anillados ‘gordos’, 19 carpetas llenas de fotocopias que no tienen las respuestas que buscamos”, dijo a la Red ERBOL.

A su turno, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pidió a Aliaga presentar una denuncia ante el Ministerio Público. “Lo peor que puede pasar es que un interventor oculte elementos de prueba. Si sirven para una investigación que presente una denuncia al Ministerio Público”, apuntó.