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Representantes de 64 familias de la comunidad de San Juan de Liquinas denunciaron en ERBOL que el señor Jorge Gabriel Canedo Quiroga, bisnieto del antiguo propietario de 99 hectáreas en una zona conocida como pista “Santa Lucía”, ha logrado apropiarse de dicha superficie, que actualmente es usada por los comunarios como zona de pastoreo.
El conflicto comenzó hace cuatro años, cuando Canedo apareció en el lugar alegando ser el dueño de 99 hectáreas de terreno, que le pertenecieron a su bisabuelo antes de la Reforma Agraria de 1953. El supuesto dueño consiguió el respaldo del municipio de Cliza, al cual prometió donar el 70% del predio para que se construya una cárcel. Con el 30% restante, que equivale a 332.800 metros, Canedo planifica construir una urbanización.
Jerry Cardozo, dirigente de San Juan de Liquinas, informó que en un inicio, las cuatro comunidades de la zona se resistían al despojo, pero que ahora solo la suya se mantiene en esa posición. Como parte de su resistencia, los comunarios han construido columnas a fin de impedir el ingreso del nuevo dueño, pero el municipio de Cliza ha advertido que demolerá las edificaciones.
Canedo Quiroga cuenta en este momento con la aprobación del plano, que ha sido expedido por la alcaldía de Cliza. Con esa documentación, ha recurrido además a la jueza Mabel Arias, solicitando la posesión de los terrenos, autorización que también ha sido concedida.
Ante la resistencia de los comunarios, seis de ellos han sido arrestados y se encuentran tres semanas en la cárcel de “San Antonio”.
Wilson Saavedra, abogado defensor de los comunarios, explicó que tanto la aprobación de planos por parte del municipio, como el aval judicial para que se tome posesión de los terrenos, son inconstitucionales. Su argumento es que la alcaldía no puede tomar decisiones sobre tierras que pertenecen al área rural.
Saavedra explicó que aún no existe una homologación en la que se decida que la pista “Santa Lucía” forma parte de la mancha urbana como sostiene el Municipio. La entidad que debería aprobar esa expansión sería el Ministerio de la Presidencia.
“Quien debe decidir sobre terrenos rurales es el juez agro ambiental, no el municipio de Cliza. Al haber aprobado los planos, la alcaldía ha incurrido en Incumplimiento de derechos y ha aprobado normas contrarias a la Constitución.
La alcaldía solo regulariza lo urbano. El INRA se ocupa de lo rural”, insistió Saavedra, quien defiende los intereses de los comuniarios. La intención de Canedo sería vender esos terrenos para dar paso a una nueva urbanización, en la que se podrían construir mil viviendas.
El periodista Ramiro Numbela de radio “Ecológica” de Cliza buscó también a las autoridades municipales, pero éstas no comparecieron en el debate.
Los comunarios han recurrido ahora a la Fiscalía anti corrupción, a cargo de Ingrid Mercado, donde se está buscando certificar que se trata de un terreno agrario que está fuera de la jurisdicción municipal de Cliza. Por otra parte se informó que las hectáreas en disputan están bajo el proceso de saneamiento a cargo del INRA, donde pronto se emitirá una resolución.
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