El Alcalde de La Paz denuncia nueva “arremetida” de la Contraloría

El Alcalde Luis Revilla denunció hoy una nueva “arremetida política” de la Contraloría General del Estado (CGE) en contra de La Paz, de las actuales autoridades y exautoridades municipales. El ente nacional emitió dos informes preliminares donde se intenta responsabilizarlos de vulnerar los decretos supremos 21060 y 21137, por pagar los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre a los funcionarios que ganan menos de 4.000 bolivianos.

 El sustento de esta acusación es el supuesto incumplimiento de los decretos 21060 y 21137, a pesar que ambas fueron derogadas por el actual gobierno y mediante la aprobación del D.S. 861 del 11 de mayo de 2011. A pesar de ello,  la Contraloría elaboró estos informes sobre la base de dos decretos que ya no se encuentran vigentes.

“A esta utilización arbitraria de la justicia se suma hoy día, la Contraloría General del Estado. Quien ha emitido dos informes de auditoría referidos al pago de los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre a los trabajadores municipales en contra de ex autoridades y de las actuales autoridades municipales, pretendiendo establecer un daño económico de 11 millones de bolivianos”, dijo.

Frente a la posición de la Contraloría, el Burgomaestre paceño afirmó que esta entidad se está asumiendo una atribución que no le corresponde, la de determinar la legalidad del pago de los bonos municipales. Una competencia que le corresponde exclusivamente al Órgano Judicial.

Mientras que en el caso de los temas laborales, el Ministerio de Trabajo es la entidad que debe determinar la pertinencia o no de los derechos laborales de los trabajadores.

Otra observación es que esta entidad nacional no consideró toda la normativa laboral y a los beneficiarios de los bonos, que son  los trabajadores que ganan menos de 4.000 bolivianos.
 
Aclaró que el pago de estos bonos no es reciente y que la  Contraloría tenía conocimiento de su pago desde la década del 80. Incluso el bono 20 de Octubre se pagó desde 1956 y sin interrupción. Además, fueron objeto de laudos arbitrales en el  Ministerio de Trabajo en 1997,1998 y el 2011. Este último recurso planteado ante este ministerio, determinó la obligatoriedad del pago de estos dos bonos a los trabajadores municipales.

Asimismo, este 2012 los funcionarios de La Paz acudieron a la justicia y un Juez de Trabajo ordenó al Alcalde Revilla pagar estos bonos, de lo contrario emitiría una orden de aprehensión contra la primera autoridad municipal de La Paz.

“Desde el año 80 la Contraloría ha hecho informes de auditoría del Gobierno Municipal y nunca ha establecido ninguna responsabilidad sobre el pago de estos bonos. Lo más llamativo del informe de la Contraloría es que solamente se avoca a las gestiones del anterior alcalde (Juan Del Granado) y del actual alcalde (Luis Revilla). No ha hecho un informe de los anteriores alcaldes, que también autorizaron el pago”, enfatizó.

Además, reveló que en ninguno de estos dos informes se incluyó a los actuales  concejales del Movimiento Al Socialismo, ni a las autoridades anteriores a la gestión de Juan Del Granado. Este tipo de observaciones no se realizaron cuando el Movimiento Sin Miedo y el MAS eran aliados, pero surgieron cuando esa sociedad se rompió.

“Todos sabemos que la Contraloría al tener como máxima autoridad a un ex diputados del MAS, no puede tener ninguna autoridad técnica, ni moral para llevar adelante este tipo de informes y análisis con la debida objetividad. Y lo único que esta buscando, por supuesto, es establecer responsabilidades a partir de razonamientos políticos”, acotó.

Por otra parte, ante estos informes el Alcalde paceño presentó sus descargos correspondientes y señaló este conjunto de observaciones al informe emitido por la CGE. Por ello se espera que esta entidad determine la inexistencia de cualquier responsabilidad sobre las autoridades a las que se estaría investigando y procesando irregular y arbitrariamente.

Otros procesos

Asimismo, señaló hasta la fecha tiene 21 procesos judiciales en su contra y que a su criterio tienen un carácter político. Revilla sostuvo que aparentemente fueron iniciados por particulares, pero tiene información que revela que existió influencia política. Muchos de los denunciantes habrían sido promovidos e instigados para que presenten procesos en contra de las autoridades municipales paceñas.

Algunas de estas denuncias se refieren a temas netamente institucionales, como la compra del relleno sanitario y los descargos de gastos de representación. Aunque se presentó los descargos correspondientes, ninguno de estos casos se emitió un pronunciamiento de sobreseimiento por parte de los fiscales, lo cual llama la atención de las autoridades del Gobierno Municipal.

“Incluso en el caso del relleno sanitario se ha evidenciado la falsificación de la firma de una abogada para presentar la denuncia en contra de mi persona y del anterior alcalde. Y en el caso de los gastos de representación se ha identificado a quienes han cometido esta irregularidad, se los ha procesado y se ha concluido con el proceso y a pesar de ello los procesos contra mi persona siguen abiertos”, subrayó la autoridad edil.

A estos juicios se suman los procesos iniciados por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), el juicio del Comandante de Tránsito por el trabajo de los reguladores viales, por las agresiones entre feriantes y la Policía, por la construcción del mercado la Bolita, por el cierre del Nigth Club X`S, por la expropiación  de la calle Ustarez y otras que tienen que ver situaciones de desastres ocurridos en La Paz. (Nota de prensa de la Alcaldía)

La Paz, 11 septiembre 2012