Política
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Félix Patzi acaba de entregar al público, un análisis crítico sobre la “centralista, ambigua” y casi desconocida Ley de revolución productiva y agropecuaria, vigente desde el 2011. Tras la presentación, afirma que Evo Morales va a durar hasta el 2019.
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“Que sepan las empresas transnacionales, las empresas nacionales y extranjeras que si quieren, intentan o intentarán seguramente llevar proceso en contra del Estado que aquí van a encontrar la más grande defensa de los intereses del pueblo”, dijo Héctor arce.
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La diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, informó que mañana entregarán a la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia para que coadyuve en las investigaciones del caso terrorismo I.
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“Los parlamentarios bolivianos nos adherimos a centenares de legisladores de trece naciones de la región para presentar una denuncia penal internacional promovida por la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA)”, sostuvo Orozco.
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El abogado del empresario Humberto Roca, Jorge Valda, oficializó hoy la entrega de una carta y el video que el FBI presentó como prueba en el proceso por extorsión en el que fue encontrado culpable el exjefe nacional anticorrupción de la Policía Boliviana, Fabricio Ormachea.
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“Mi decisión propia a partir de ahora (es que) no voy a asistir a las sesiones de la brigada, no voy a asistir a reuniones de bancada y voy a trabajar independientemente”, afirmó Freddy Huayta.
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Dos dirigentes cocaleros declararon hoy “persona no grata” a la diputada Rebeca Delgado y dijeron que no garantizan su seguridad si se vuelve a ingresar a los Yungas de La Paz por ser una “traidora al proceso de cambio”.
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La norma sancionada tiene por objeto mejorar e incrementar la infraestructura vial del país, en la red fundamental que vinculan los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.
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Orozco recordó que existiendo compra de testigos, injerencia gubernamental, manipulación y contaminación de pruebas, corresponde iniciar un nuevo proceso de investigación a los acusados, ampliándola a quienes están involucrados con el caso en el gobierno del presidente Morales.
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El MAS gastó 46.500 bolivianos en la adquisición de un millón de credenciales, y 58 mil para los libros de registro provistos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).