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Este lunes 1 de octubre se marcará un hito histórico en la búsqueda de Bolivia de justicia, tras 139 años de enclaustramiento.
El máximo tribunal que ha creado la humanidad, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá una sentencia que podrías restituir parte del daño provocado por la Guerra del Pacífico y delineará el rumbo de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile para el futuro.
Un total de 15 jueces tienen en sus manos la esperanza de más de 11 millones de bolivianos, que ponen su fe en los instrumentos internacionales de solución pacífica de controversias para la reivindicación ante una injusticia.
El proceso inició en abril de 2013 con la presentación de la demanda de parte de Bolivia. Chile impugnó la competencia de la Corte en 2014 y al año siguiente, en septiembre, el tribunal rechazó la objeción chilena para seguir adelante con el juicio.
Con la demanda, Bolivia pretende que la Corte haga tres declaraciones:
a) Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
b) Chile ha incumplido dicha obligación.
c) Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
El argumento boliviano se basa en múltiples momentos históricos en que Chile ofreció negociar una salida al mar para Bolivia, pero sin concretar la misma. Para Bolivia, esos actos unilaterales de Chile configuran una obligación jurídicamente exigible.
Bolivia espera el fallo con confianza. Autoridades de gobierno, a la cabeza de Evo Morales, han reiterado su optimismo con el argumento de que Bolivia tiene de su lado a la razón y la historia. El presidente ya ha mencionado en varias ocasiones que el país cerca del mar y, en su última declaración antes del fallo, expresó estar seguro que habrá buenas noticias.
El optimismo llega al punto de que incluso ya se habla de estrategias post-Haya. Un día antes de conocerse el fallo, el ministro Alfredo Rada llamó a fortalecer la unidad para el trabajo que se viene desde el martes, y el vicepresidente Álvaro García Linera, en entrevista con La Tercera de Chile, ya expresó la posición inicial que tendría Bolivia frente una negociación sobre soberanía: “posiciones flexibles, creativas y propositivas”, además de propuesta “imaginativas”.
La confianza boliviana no sólo es de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Una encuesta realizada en el periódico digital de ERBOL mostró que el 69% de los más de mil votantes cree que la Corte obligará a Chile a negociar, mientras que el 30% considera que el tribunal se limitará a exhortar el diálogo y sólo 1% prevé que la CIJ falle a favor de Chile.
Esa clase de optimismo no se repite en Chile. Las autoridades de ese país tienen como argumento el aferrarse al Tratado de 1904, a pesar de que Bolivia ya aclaró en varias ocasiones que la demanda y su petitorio no toca ese convenio.
Para los chilenos, las conversaciones que tuvieron en el pasado con Bolivia no generan obligaciones jurídicas. Consideran que no tienen temas pendientes con Bolivia respecto a límites territoriales, porque a su criterio ese problema se cerró con el Tratado de 1904, con que los bolivianos entregaron a perpetuidad su salida al Pacífico.
En ese marco, los gobernantes chilenos insisten en el cumplimiento de los tratados. No se refieren en sí a lo que determinará la Corte, sino prefieren enfocarse en que Bolivia quiere territorio y aquello está decidido por el acuerdo de 114 años atrás.
De todas maneras, desde este 1 de octubre la historia boliviana en su relación con Chile tomará un nuevo rumbo. Más de un siglo Bolivia vivió en el enclaustramiento, pero mediante La Haya –como dice el presidente Morales- se busca que las siguientes generaciones ya no tengan que cargar con este conflicto.
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