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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, descartó este miércoles que se vaya a afectar la actividad de los periodistas con el tipo penal de mala práctica profesional. Ratificó la vigencia de la Ley de Imprenta.
Las asociaciones de periodistas y sindicato de la prensa se declararon en emergencia debido a que el Legislativo anunció ayer que el delito de mala práctica profesional, inserto en el nuevo Código Penal, también serviría para sancionar a los periodistas.
Después de esas reacciones, Montaño aclaró que la redacción del artículo 200 del proyecto de Código Penal no modifica “en nada” las normativas que tienen los periodistas y los medios de comunicación, por tanto la Ley de Imprenta está intacta.
Según la presidenta de Diputados, la redacción de ese artículo fue propuesta por el Colegio Médico de Bolivia para su sector en particular, porque consideraban que la anterior redacción estigmatizaba a un grupo de profesionales.
La preocupación del gremio periodístico surgió porque el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, explicó que con la nueva redacción el tipo penal de mala práctica alcanza a periodistas que, por ejemplo, en su trabajo hayan inducido a un suicidio o el consumo de comida que atenta a la salud.
Montaño indicó que las recientes interpretaciones sobre los alcances del concepto de mala práctica profesional “son inadecuadas” y expresó la disposición de la Asamblea Legislativa a escuchar propuestas y, “si es necesario clarificar el texto”, lo harán.
La presidenta de la Cámara Baja explicó que la mala práctica se refiere a sancionar la impericia que podría lastimar o causar la muerte de una persona.
Montaño invitó a los medios de comunicación a acompañar el proceso de debate sobre la Ley del Sistema Penal, porque a su criterio nuevamente – con este tema – se está tratando de enfrascar al proyecto de ley en otro artículo, desconociendo el contexto general del Código Penal.
La autoridad legislativa se refirió a que anteriormente se focalizó el actual proyecto de ley en el artículo referido a la despenalización del aborto, sin considerar los verdaderos alcances de la ley que busca mejorar la administración de la justicia penal.
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