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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, pidió que se investigue a los funcionarios que hayan avalado la personería jurídica de la cooperativa minera Palma Flor, que –según el abogado Eduardo León- se benefició de “tráfico de influencias” para conseguir este reconocimiento.
“Hay que investigar a quienes han dado esta resolución para la personería jurídica. No hay que encubrir a nadie, tienen que caer ‘nomás’ todos los que son culpables”, dijo el legislador.
León denunció que el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, instruyó, en julio de 2013, al director general de Cooperativas, Juan Sejas, que apruebe “excepcionalmente” la personalidad jurídica de Palma Flor.
El jurista afirmó que en tiempo récord fue aceptada la solicitud de la empresa.
Agregó que la diputada del MAS Gladys Vargas figura como socia de esta cooperativa. La aludida confirmó ser parte de Palma Flor, aunque negó que la personería haya salido en dos días, según Página Siete.
Este martes, se preguntó a la jefa de Bancada del MAS, Flora Aguilar sobre esta situación. La oficialista respondió que no tiene información porque Vargas “está delicada de salud”.
Al respecto, Calle aseveró que “está prohibido” esta “clase de negocios” para diputados y senadores.
En este sentido, el artículo 18 del actual Código Minero dice que las autoridades, comenzando del Presidente, “no pueden obtener ni adquirir concesiones mineras, condominio en ellas, acciones, cuotas de capital o participaciones en sociedades mineras, ni suscribir contratos mineros, personalmente o por interpósita persona, bajo sanción de nulidad”.
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