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El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó este viernes el informe con los resultados y logros institucionales conseguidos en la gestión 2015 y que ayer fue remitido a las autoridades de la Asamblea. Ahora espera ser convocado por el Legislativo para informar del contenido ante esta instancia.
Precisó que la Ley 1818 señala que “el informe será presentado antes de la conclusión de cada legislatura, y dentro de los treinta días siguientes a su presentación, realizará exposición oral del mismo”.
Aseguró que en ese marco, cada año, remitió su informe a la Asamblea con cartas al Presidente del Legislativo para solicitar que se asigne fecha y hora para exponer el contenido del mismo al pleno de la Asamblea.
“Sin embargo, en ninguna oportunidad se me respondió a esta solicitud, como tampoco se respondió a las Recomendaciones que presentamos en los diversos informes”, manifestó Villena.
Por otro lado, la autoridad destacó que la gestión 2015, fue una de las más fructíferas, debido a que se alcanzó una ejecución física del 98.14% y una ejecución financiera del 97,55%.
“Ambas se encuentran entre los niveles más altos de las instituciones públicas en todo el país”, afirmó.
Asimismo, dijo que la institución incrementó sus niveles de aprobación y confianza pública, lo que ha generado un mayor acercamiento de la ciudadanía, fortaleza para incidir en la gestión pública y una mayor capacidad de liderazgo y articulación entre las instituciones y la sociedad.
Resultados
En cuanto a resultados específicos, en 2015 la Defensoría recibió y atendió 19.097 denuncias por vulneración de derechos humanos, la cifra anual más alta registrada desde la creación de la institución en 1998.
De este total, 1.596 casos se registraron fuera de las oficinas defensoriales, es decir en hospitales, escuelas, recintos penitenciarios, espacios públicos, etc. y 739 casos se recibieron a través de nuestra plataforma web.
Entre los derechos más denunciados se encuentran las garantías del debido proceso y acceso a la justicia con un 17% del total de los casos atendidos; integridad personal con un 13%; Derechos Laborales con 12%; Propiedad y patrimonio con 9%; Petición 8% y Derecho a la identidad, 7%.
En cuanto a las instituciones públicas más denunciadas, responsables de subsanar las denuncias o comprobadamente vulneradoras se encuentran, el Órgano Judicial con 2.040 casos; Policía Boliviana, con 1.318 casos; Gobierno Autónomo Municipal de El Alto con 1.232 casos; Ministerio Público, con 1.027 casos; Ministerio de Justicia con 773 casos; Dirección Departamental de Educación - La Paz, con 536 casos; Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con 530 casos; y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con 497 casos.
Villena destacó también que hasta el año pasado se gestión y logró la emisión de 17 alertas contra la violencia hacia la mujer en los nueve departamentos del país; la incidencia en políticas públicas locales y en la aprobación de cinco leyes municipales, principalmente contra la violencia, a través de los Consejos departamentales de la Niñez y la Adolescencia; la consolidación de 15 oficinas del Defensor del Paciente; 138 Defensores Estudiantiles y la institucionalización de varios Centros de Orientación Socio Legal para Personas Adultas Mayores.
En cuanto a la gestión de conflictos, la Defensoría del Pueblo registró 478 ocurridos en todo el país en 2015. De este total, la Institución intervino en 263.
En lo que se refiere a la Educación y Comunicación, la Defensoría desarrolló un total de 1.693 eventos educativos, la cifra anual más alta en toda la historia defensorial; consolidó el programa del voluntariado con 564 miembros en todas las oficinas defensoriales en Bolivia; realizó 355 eventos públicos de promoción, que incluyeron ferias de derechos humanos, festivales de canto y de teatro y movilizaciones en espacios públicos.
Recomendaciones
Villena lamentó que las recomendaciones emitida en la gestión 2014 no hayan sido atendidas ni respondidas por el Órgano Legislativo “lo que, a nuestro criterio, incide en la afectación y la negación de derechos, especialmente de las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad”.
Por ello, dijo, se ésta han sido reiteradas en el actual informe, las mismas que pasan por la aprobación de varias normativas como una Ley específica contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con enfoque de género; Ley de Consulta Previa; Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos; Ley de Derechos de las personas con distinta orientación sexual; Ley de Acceso a la Información Pública; Ley específica que tipifique y sancione los delitos de linchamiento; un debate para la aprobación de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; una ley específica sobre acoso laboral; otra normativa contra la negligencia médica y otra sobre salud mental.
En cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Villena indicó que es necesario un análisis y modificación de la Ley 548 para establecer una protección especial a las adolescentes menores de 18 años que contraen matrimonio o conviven con parejas mayores y de aquellas que deben trabajar, especialmente en hogares que no son los propios.
En referencia a la fiscalización, el Defensor reiteró la importancia de promover la conformación de una Comisión Especial para que realice el estudio, análisis y seguimiento de los casos de violencia contra la niñez y la adolescencia, especialmente infanticidios y violencia sexual que se encuentran en investigación, y que han concluido sin establecerse responsabilidades y sanciones.
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