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La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) decidió que instalará bloqueos de caminos en la región yungueña, en caso de que el Gobierno no se siente a dialogar esta semana, informó el dirigente José Luis Campos.
La Adepcoca exige respeto los documentos que emite para el traslado autorizado de coca y que se paren los abusos en los controles en La Rinconada. También se queja por la persecución política a los dirigentes y la actitud del Gobierno de abrir un mercado paralelo de la coca en La Paz, cuando eso está prohibido por ley.
Campos explicó en entrevista con ERBOL que por 15 días hubo movilizaciones de los cocaleros yungueños, pero no fueron escuchados por el Gobierno.
Indicó que ya se están cursando notas a los transportistas que van hacia el norte del departamento, para que se aprovisionen de víveres y combustible ante el bloqueo.
Dijo que la fecha elegida para iniciar el bloqueo no será revelada por cuestión de estrategia, pero será la próxima semana. Según el dirigente, de difundir la fecha, la Policía ya “llenaría” la carretera.
Dice que el Gobierno armó el caso contra Pampa
El fin de semana, el Gobierno difundió el testimonio de un acusado de asesinato en La Asunta, quien implicó en el caso a Sergio Pampa, quien actualmente es el principal dirigente de Adepcoca.
La versión del presunto asesino señala que Pampa estaba el miércoles pasado en La Asunta junto a la persona que supuestamente le contrató para matar al dirigente Eduardo Apaza, de la línea contraria a Adepcoca.
Al respecto, Campos dijo que “uno puede ser mago” porque Pampa estaba en las movilizaciones y difícilmente estaría en La Asunta al mismo tiempo.
También negó la versión de la Policía en sentido de que más de 100 cartuchos de dinamita fueron sacados de la Adepcoca.
Dijo que no se toma muy en serio esa versión porque las autoridades gubernamentales, en su opinión, están acostumbradas a plantar pruebas. Criticó que la Policía se “preste a ese juego”.
El presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, está encarcelado desde agosto del año pasado, luego de que el Gobierno lo acusó de ser autor intelectual de la muerte de un policía en un enfrentamiento en La Asunta. El dirigente sostiene que no existen pruebas en su contra.
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