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Más de doce años después de que una masacre planificada por el gobierno de Bolivia resultara en la muerte de 58 civiles desarmados, el Tribunal Federal de apelación del onceavo circuito de Estados Unidos rechazó un intento de frustrar una demanda contra el ex Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quienes viven en ese país.
La corte de apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Distrito con un mandato para proceder a la fase de exhibición de pruebas.
En el caso Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain, las familias de ocho bolivianos muertos en la masacre interpusieron una demanda contra el ex presidente Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa, alegando que habían ordenado ejecuciones extrajudiciales.
La demanda alega que, meses antes de esos hechos violentos, los dos demandados elaboraron un plan para reprimir la protesta social con uso de fuerza letal que preveía la muerte de miles de civiles desarmados.
También alega que los demandados utilizaron intencionadamente la fuerza letal para reprimir protestas políticas, en un esfuerzo por sofocar la oposición.
Además de las muertes, más de 400 civiles fueron heridos cuando las fuerzas de seguridad del estado dispararon contra civiles desarmados.
En su fallo del 16 de junio, el tribunal de apelaciones sostuvo por unanimidad que un estatuto federal, la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), permite que las familias de las víctimas presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Estados Unidos, después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen.
El tribunal rechazó los argumentos de los demandados que le pedían desestimar el caso porque los demandantes recibieron algo de compensación y asistencia humanitaria en Bolivia. La decisión sienta un precedente legal importante porque ninguna corte de apelaciones federal había considerado previamente los argumentos de los demandados sobre el agotamiento de recursos en el extranjero.
Desde que este caso se presentó ante los tribunales de Estados Unidos en 2007, siete ex funcionarios del Gobierno boliviano, incluidos miembros del alto mando militar y ministros, han sido condenados en Bolivia por su participación en las masacres de 2003.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, por su parte, han estado viviendo en Estados Unidos desde 2003, cuando huyeron de Bolivia en respuesta a las protestas generalizadas contra sus políticas brutales y las muertes que resultaron.
“Los Estados Unidos no debe ser un refugio seguro para quienes violan los derechos humanos”, dijo Beth Stephens, abogada cooperante con el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), quien representa a los demandantes.
"Eso es aún más cierto cuando los hechos demuestran que los demandados utilizaron intencionalmente la fuerza letal contra civiles desarmados en un intento de bloquear las protestas políticas."
Entre los demandantes está Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años, Marlene, murió en sus brazos después que Marlene recibiera un disparo de un francotirador militar.
La niña estaba dentro de su casa, parada junto a una ventana. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín habían dado órdenes para que se tratara al pueblo donde vivía Marlene, y a los civiles dentro del pueblo, como un objetivo militar.
Los familiares de las víctimas están siendo representados por un equipo de abogados del Center for Constitutional Rights (Centro de Derechos Constitucionales), la clínica internacional de derechos humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, y el bufete de abogados de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP. Abogados del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) colaboran en el caso.
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