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A seis años de haberse instaurado una Comisión Mixta de investigación, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este jueves el informe respecto al proceso de privatización y capitalización ocurrido entre 1985 y 2005.
El documento, que fue leído durante tres días en la ALP, consta de 2.748 páginas, según nota de prensa de la Cámara de Diputados.
Se estableció que el total del perjuicio económico ocasionado al Estado, por la enajenación (cierre, privatización y capitalización) de empresas públicas y recursos naturales, fue mínimamente de 10.049,08 millones de dólares, equivalentes a 22.051,70 millones de dólares actuales.
#Ahora: Conferencia de prensa del Sen. Medinaceli: Hay empresas que han desaparecido, no se sabe qué ha pasado con la empresa o con sus activos. Se ha recomendado que los gobiernos subnacionales, en base a sus activos, puedan saber qué pasó con su patrimonio. pic.twitter.com/1FKQm6VkNH
— Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) 17 de enero de 2019
Entre las afectaciones sociales de la capitalización, el senador Rubén Medinaceli, presidente de la Comisión, señaló que hubo más de 26 mil trabajadores mineros despedidos de la Corporación Minera de Bolivia, casi 3.600 empleados echados de las corporaciones regionales de desarrollo y de más de 40 mil de las empresas estratégicas entre 1985 y 2002.
La diputada del MAS, Romina Pérez, miembro de la Comisió, indicó que ha identificado a 55 individuos que entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado.
“Se identificó una poderosa red política interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina, quienes a su vez construyeron beneficios empresariales y familiares”, afirmó.
El informe recomienda remitir los documentos investigados al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría y al Ministerio de Justicia para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones.
El senador Rubén Medinaceli, indicó que también se recomienda a gobiernos departamentales y municipales realizar investigaciones económicas para conocer a dónde fue a parar su patrimonio.
Asimismo, en el documento se encomienda a la Comisión la elaboración de proposiciones acusatorias con base a los análisis jurídicos efectuadas sobre las irregularidades identificadas en ambos procesos.
(Con información de prensa Diputados)
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