Estrategia marítima: sin debate crítico ni inclusión de opositores

Rolando Carvajal

  

Hacia afuera, en medio de la neutralidad del Perú y las prevenciones de Chile, el gobierno boliviano se apresta a presentar una probable doble demanda en dos de las cuatro cortes internacionales de La Haya –el Tribunal de Arbitraje (TPA) y la Corte de Justicia (CIJ)–, iniciando allí un tramo que sólo en décadas podría concretarse en acceso marítimo, y quizá sin soberanía; o simplemente en nada, clausurando la salida al Pacífico al menos en la instancia jurídica mundial, si el fallo definitivo de los jueces es adverso.

 

Pero en lo interno, pese a sus requiebros de unidad nacional, el régimen del presidente Evo Morales mantiene excluidos a opositores y disidentes del trazo de la estrategia marítima, que, excepto un ligero informe parlamentario del Vicepresidente, no ha sido debatido con los diversos sectores del país o sus representantes.

 

Bajo el manto de “reserva estratégica” que envuelve a la “nueva política de Estado” la proclamada estrategia marítima del Estado Plurinacional no ha sido discutida tampoco ni en el Parlamento ni entre la sociedad civil (salvo en un grupo diminuto de ex mandatarios y ex cancilleres con cláusula de confidencialidad), persistiendo al parecer, además, recuerdan analistas, en el uso político del tema con fines electorales o chauvinistas, a la manera de una burbuja distractiva respecto de otros cuestionamientos como la corrupción estatal, el inescrupuloso ataque a sus adversarios, el real destino de la bonanza en los ingresos nacionales, el horizonte socialista-comunitario, el consumismo arribista de los sectores empoderados por el gobierno y la impugnada nueva reelección del presidente Evo Morales.      

 

De pronto, en las últimas semanas el panorama no pudo haber sido más dinámico, en contraste con el cuasi letargo de los últimos dos años desde que el 2011 Morales pateara el tablero con su colega Sebastián Piñera.

 

Y tan confuso y sobrecargado al mismo tiempo, si se observa la trayectoria errática o por lo menos ambivalente y complaciente desde el 2006 cuando comenzó el idilio con la entonces mandataria socialista, Michelle Bachelet, ahora rediviva y muy próxima a retomar el mando en reemplazo de Piñera y reanudar el  romance costero con su par boliviano.

 

Sin informar de su contenido, que el gobierno intenta mantener en el absoluto hermetismo, Morales anunció que el conjunto del requerimiento boliviano será presentado este mes por el canciller David Choquehuanca y el recién designado embajador plenipotenciario y agente boliviano ante La Haya, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

 

Rodríguez, uno de los que Morales llamó hace dos años “delincuentes confesos”, fue el último de los mandatarios de la denominada era neoliberal y quien facilitó la transición hacia el gobierno populista.

 

Contextos de ruptura

 

 Curiosamente sintomáticos, los dos contextos de las decisiones más importantes del 2011 y del 2013 sobre la mayor aspiración boliviana se han caracterizado por coincidir con momentos acuciantes para el régimen de Morales:

 

La ruptura del 2011 con Chile se dio cuatro semanas después de la captura, en Panamá, el 24 de febrero de ese año, del entonces jefe de un organismo de inteligencia estatal, general René Sanabria, quien efectuaba su tercer envío de droga a Miami, desatando otro escándalo de corrupción que involucró después, según declaraciones del detenido, al ex ministro Sacha Llorenti, el ex viceministro Marcos Farfán y el ex asesor Fernando Rivera, actualmente encarcelado por integrar desde hace cinco años, según denunciaron las autoridades, una red de extorsión a supuestos implicados en separatismo y otras acusaciones, tras la aniquilación, el 2009,  de un grupo armado presuntamente financiado por la derecha y comandado por Eduardo Rózsa, un veterano de las guerras yugoslavas de secesión.

 

El esperado anuncio de la demanda marítima ante La Haya, judicializando el diferendo este año,  fue hecho el pasado 23 de marzo, a cinco semanas de los intentos oficialistas por legalizar la segunda reelección de Morales, consultada por el régimen al Tribunal Constitucional el pasado 15 de febrero, lo que desató una prolongada ola de críticas sobre la prórroga en el poder.

 

Dos semanas después, a comienzos de marzo, un primer video, incómodo para el gobierno, implicó al “superfiscal” Marcelo Soza, en presuntas revelaciones sobre el conocimiento oficial, incluidos ministros, Vicepresidente y Presidente, de las extorsiones efectuadas por la red de chantaje de altos funcionarios a decenas de detenidos por los casos “separatismo y terrorismo”; la pérdida, manipulación y “siembra” de pruebas contra el grupo aniquilado y el supuesto involucramiento de un hermano del Vice en un caso de narcotráfico, lo que fue negado por las autoridades.

 

Luego de las celebraciones del “Día del mar”, con soldados vistiendo uniformes de las guerras napoleónicas y bandas de música a caballo bregando tanto con sus corceles como con sus trompetas; y de las fricciones de ese día en el Gabinete que provocaron el desempeño de Sosa, un segundo video con el audio también atribuido al ese fiscal hizo conjeturar que la muerte de Rósza y dos de sus colaboradores habría sido en realidad una ejecución arbitraria por parte de las fuerzas estatales de seguridad y sus agentes infiltrados. Soza replicó que se trataba de un complot mediante el montaje de su voz.

 

Coincidencia o no, hace casi 23 años, en 1990, otra ejecución extrajudicial, con participación de agentes de élite extranjeros, eliminó a los líderes de la insurgente CNPZ, de la izquierda armada, antecesora de los movimientos sociales que tomaron el poder hace siete años. El entonces presidente Jaime Paz asumió la responsabilidad del hecho.

 

Casi en el mismo estilo, en abril del 2009, el actual mandatario dijo haber dado instrucciones precisas para efectuar el operativo contra los “mercenarios”, afirmando que el hecho derivó en una balacera donde los acribillados resistieron antes de su deceso. Pero hace menos de un mes se supo que el  relator especial de Naciones Unidas  sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó el año pasado a Morales que durante el asalto policial el húngaro Michael Dwyer, uno de los ayudantes de Rosza, fue rematado.

 

La semana en que Morales anunció el viaje de la comisión boliviana a La Haya, un documental de la cadena árabe Al Jazeera incluyó testimonios que descartan la existencia del enfrentamiento y aumentan las dudas sobre la versión oficial, afectando la consistencia de las acusaciones contra los opositores y la credibilidad del régimen.

 

¿Dos demandas, dos tribunales?

 

En tanto el gobierno atraviesa las aguas fangosas de la pugna interna donde se publicita más la anulación de viáticos a los presidentes pero no el aumento salarial al mandatario, los expertos extranjeros contratados para analizar la demanda boliviana ante cortes internacionales, los españoles Antonio Remiro Brotóns, Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme y el argentino Marcelo Kohen (convocados el 2011) más su compatriota Osvaldo Gugliermo, a los que, según voceros oficialistas se agregan el británico Phillipe Sands y recientemente el connotado nicaragüense Carlos Argüello Gómez), parecen haber aconsejado  la recurrencia ante dos instancias distintas:

 

–El Tribunal de Arbitraje, para que considere la serie de incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 con Bolivia, de cesión de territorios bolivianos ocupados por Chile desde la guerra del Pacífico, en torno a las facilidades de tránsito pero sin tocar el tema del acceso marítimo, menos denunciarlo, remitiéndose sólo a las contravenciones, y

 

 –La Corte de Justicia, para demandar el reconocimiento del derecho boliviano al mar.

 

En el camino ya se corrigió un anterior y caprichoso traspié del propio Morales y su Gabinete que se intentó promocionarlo previamente mediante las embajadas: la ratificación, en abril del 2011, de la reserva al Pacto de Bogotá de 1948, de soluciones pacíficas a controversias, sin haber tenido en cuenta sus implicaciones para los desvíos acuíferos cordilleranos del Lauca y el Silala; reserva que fue suspendida hace menos de un mes, el último 23 marzo,  con una pompa que encubrió apenas el error de hace dos años.

 

El  excanciller boliviano Armando Loaiza refirió que la corrección allanará la recurrencia a CIJ para que Chile no ponga “objeciones de competencias”, siempre y cuando este tribunal se declare a sí mismo competente para tratar el asunto.

 

Las fuentes allegadas a la marcha de estos preparativos confiaron también que la demanda ante la segunda Corte, la de Justicia, podría implicar incluso una revisión del Tratado de Lima de 1929, sobre todo su Protocolo complementario que impuso el doble candado de Chile y Perú a las aspiraciones bolivianas.

 

Tal eventualidad, advirtieron, ampliaría el proceso, complejizándolo, a dimensiones mayores (con un tercer actor, Perú) que la exclusiva bilateralidad donde un acaso feliz dictamen de la Corte diga a Bolivia y Chile: “siéntense y negocien”; o “bien: los bolivianos tienen derecho al mar pero esta Corte no puede obligar a que les entreguen acceso”.

 

En todo caso, el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, confirmó que quedaba al margen, por el momento, la denuncia del Tratado de 1904, explicando que este acuerdo puede ser demandado ante el TPA.

 

Para ser victoriosa, una estrategia no debe develar sus puntos fundamentales, arguyó el analista progubernamental Hugo Moldiz, anunciando que en su momento se sabría a cuál de tres Cortes de La Haya se interpondría la demanda, no siendo necesariamente una sola, en un proceso que puede prolongarse hasta después del 2019, existiendo las “condiciones generales” para una demanda auspiciosa, “lo que no asegura el resultado”.

 

Chile hace caso omiso de los pactos complementarios al Tratado de 1904 y esa  inobservancia formará parte de la denuncia de Bolivia en La Haya, admitió por su parte el director Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa.  

 

Neutralidad peruana, expectativas bolivianas

 

"No tenemos por qué tomar partido –dijo, de entrada, al empezar este abril el canciller peruano Rafael Roncagliolo−; es un problema de larga data que tiene que resolverse históricamente y por una vía bilateral", asegurando que las diferencias eventuales entre sus vecinos “hermanos” no implica que se tenga que tomar distancia de alguna de l as partes involucradas; es "un problema de larga data que tiene que resolverse históricamente y por una vía bilateral".

 

A fines de marzo, el viceministro Fernando Rojas y ex embajador en La Paz dijo  que si Chile decide entregar a Bolivia territorio ex peruano, el presidente Ollanta Humala intervendrá con base en el acuerdo de que impide esa posibilidad. “Nuestra posición debe ser neutral. Si se concreta la demanda es un asunto bilateral chileno-boliviano, donde Perú no tiene ningún rol. No tenemos por qué ser involucrados”.

 

En medio de la refriega verbal, Piñera previno que un eventual veredicto favorable de La Haya hacia el Perú sobre el litigio que mantiene con Chile respecto del mar de Arica, anularía las expectativas bolivianas de acceder al Pacífico por el límite con el sur peruano.

 

De todas maneras, de acuerdo con las perspectivas en la Corte de Arbitraje, Bolivia podría llevar las de ganar respecto de la verificación de incumplimientos chilenos al Tratado de 1904. Tan sólo habría que recordar  las restricciones chilenas durante la guerra del Chaco.

 

Y aun en la otra Corte, la de Justicia, la demanda boliviana ganaría terreno, señalan otros especialistas, por la forma en que sucesivos gobiernos chilenos reconocieron durante más de un siglo que hay un problema pendiente y se sentaron a discutirlo en al menos seis oportunidades, aunque nada esencial se pudo haber avanzado mediante el diálogo:

 

-En el Pacto de 1950 Chile y Bolivia negociaron sobre un corredor al norte de Arica a cambio de las aguas del Titicaca, aunque se sobrepuso la aprehensión peruana sobre las aguas del Lago y la eventual presencia boliviana en lo que fue territorio peruano.

 

-En 1975, el pacto de Charaña entre los dictadores Banzer y Pinochet sobre la misma franja fracasó, pese a las actas listas pero no firmadas, por la condición chilena de canje territorial.

 

-El 2000, los cancilleres  de ambos países reunidos en Algarve, Portugal, acordaron incorporar  “sin exclusión alguna” las cuestiones esenciales de la relación bilateral para superar las diferencias mutuas, lo que integró la reivindicación marítima en la agenda conjunta y fue considerado el 2001 y el 2002 por los presidentes Ricardo Lagos y Jorge Quiroga, además de las Actas de Iquique, gestionadas entre el 2000 y el 2004.

 

-Entre el 2006 y el 2010, con la Agenda de los 13 puntos Morales y Bachelet se empeñaron  en fútiles cuanto utilitarias soluciones “concretas, útiles y factibles”. Pero éstas no contemplaron nunca soberanía alguna de Bolivia sobre el Pacífico, según reveló hace tres semanas el canciller chileno no desmentido por su colega Choquehuanca, a quien sí los peruanos le refutaron este fin de semana el apoyo de Lima a la causa boliviana.

 

La trampa-dialogo y la vieja táctica-mar

 

Durante todos esos años, el gobierno boliviano se avino con Bachelet a “no tocar el Tratado de 1904, ni tocar la soberanía chilena”, remarcó el canciller chileno hace sólo tres semanas; “sobre esas dos condiciones, tanto de forma pública como privada, el presidente Morales aceptó seguir las conversaciones”, precisó.

 

Y aunque sobre aviso no hay engaño, el mandatario boliviano admitió en Potosí  a sólo días de la ruptura del 2011: “tal vez en este corto tiempo he caído en la trampa de Chile, porque cuando exigimos por dónde va a ser la soberanía, no hay”.  

 

Dos años después, como preparando el terreno para la reciente convocatoria a ex presidentes a fin de involucrarlos en su nueva “política de Estado”, Morales extendió hacia atrás el efecto de los embelecos protagonizados con Bachelet y Piñera:

 

“…todos los gobiernos hemos caído en la trampa de los gobiernos de Chile; diálogo y diálogo, sin resultado y no podemos esperar otros 130 años mediante el diálogo”, dijo el 18 de marzo pasado, sin dejar de cubrirse con salvaguardas anti crítica y blindajes de unidad nacional, exigiendo por ejemplo: “compañeros de la prensa, no puede haber periodistas pro chilenos, pro antimar (sic); en tema del mar todos debemos estar unidos”.

 

“Cuando son temas de carácter de Estado, temas de carácter nacional debemos demostrar unidad por encima de nuestras diferencias de carácter ideológico, programático, cultural y especialmente cuando se trata de retorno de Bolivia al Pacífico con soberanía”, exhortó también a principios de marzo, mientras los opositores le exigieron después no electoralizar el tema, como dijo Morales que Piñera lo estaba haciendo en Chile.

 

¿Debate en Bolivia?

 

“Todo está preparado”, aseguró también Morales este 9 de abril al confirmar el envío de la demanda boliviana después de un encuentro con empresarios y algunas organizaciones sociales afines al gubernamental MAS, sin que la propuesta haya sido comentada al menos con los jefes de las fuerzas opositoras, ni fuera discutida en el pleno de la Asamblea Legislativa o en otros ámbitos de la sociedad civil no oficialista.

 

Por el contrario, en Chile, a pesar de polémica, resistencia y propuestas adversas, su presidente convocó de inmediato a todas las fuerzas partidarias, sin exclusiones.

 

“El cerrar filas en torno al Ejecutivo en defensa de la soberanía e intereses nacionales es un deber en situaciones de crisis o conflicto, pero ello no debe impedir el debate de nuestra política exterior, como tampoco inhibir una serena crítica a su conducción cuando esta ha sido desafortunada”, celebró Augusto Varas, de la fundación chilena Equitas.

 

Nada de esto está ocurriendo en Bolivia, donde el mandatario se ha alejado de sus adversarios políticos en un tema que el mismo Morales sostiene, paradójicamente, que debe ser encarado con unidad.

 

Se trata de un problema de unión nacional  “que en el caso de Evo la disminuye”, dijo el analista Jorge Lazarte.

 

“¿Desde cuándo hay política de Estado? … con este gobierno sólo hay políticas personales, de partido; la Agenda de los 13 puntos y La Haya no son política de Estado”, cuestionó.

 

“En Bolivia no se pacta, no hay pactos políticos; hemos llamado a cadáveres en vez de candidatos presidenciales y jefes opositores para pactar políticas de Estado”, reflexionó  el intelectual indígena y ex ministro masista, Felix Patzi, en referencia a la convocatoria a ex mandatarios y ex cancilleres.

 

“Se parte con esa debilidad”, agregó. “Como en el pasado, cuando algo anda mal con las encuestas, se recurre al tema marítimo”.

 

“A los ex presidentes sólo se les ha llamado para la foto”, comentó otro analista, Julio Alvarado. “Ojalá que la demanda no se utilice como bandera electoral y no sólo se invite a adherentes del MAS”.

 

Incluso en la reunión de Morales con los ex mandatarios no fue todo apoyo, comentó el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas; trascendió que hubo discrepancias. “Además con una sola reunión no puede haber estrategia nacional; peor si no se la discute con la oposición, con la Iglesia, con sectores que piensan distinto”, objetó.

 

“En el caso casi imposible que la demanda sea admitida, ésta puede ser rechazada dándole la razón a Chile cerrando definitivamente la posibilidad de una salida al mar para Bolivia. Las negociaciones diplomáticas tardarían mucho en volver a ser encauzadas positivamente para Bolivia y el país en lugar de avanzar habrá retrocedido de manera inconmensurable”, advirtió  la analista Fernanda San Martín, al recordar el principio general “Pacta sunt servanda” (lo pactado obliga), en relación al Tratado de 1904.

 

En siete años, el gobierno transitó entre dos posiciones opuestas: desde el pragmatismo de la Agenda de 13 puntos  y la bilateralidad entre el 2006 y el 2010, a una posición principista que ante el fracaso de la primera a partir del 2011  recurre a la multilateralidad, judicializando el diferendo en un camino sin retorno si el fallo no es el que se busca, recordó otro analista, Carlos Börth.  

 

Morales ha pasado de unas gestiones con gran expectativa a “una posición principista sin destino claro: ese es el estado en que nos encontramos”, sostuvo.

 

Por ejemplo “para ir  a la CELAC (sede de la cumbre Unión Europea-Latinoamérica y del último impasse Morales-Piñera, en febrero pasado) debió haber hecho lobby, hablar con las cancillerías, tener respaldo y no lanzarse en un escenario donde el  tema no figuraba ni por asomo; en cambio lo que se ha dado es simplemente un uso del tema marítimo en los problemas internos; no hay otra explicación”, añadió Börth.

 

Las previsiones chilenas

 

Sobre todo en La Paz, los acólitos presidenciales creen que las iniciativas de Morales han puesto “nervioso” al gobierno chileno, cuando no desesperado, destacando el apoyo de ciertos sectores de la izquierda chilena a la aspiración boliviana, como el declarado por la líder estudiantil Camila Vallejo (PC) y los candidatos Roxana Miranda (“Igualdad”) y José Antonio Gómez (Radical Social Demócrata). 

 

En Santiago, el canciller Moreno encabeza las previsiones del gobierno de Piñera, que se extienden inclusive hasta La Haya, donde el ex subsecretario de Relaciones Alberto Leo van Klaveren Stork, es el agente chileno ante la CIJ para afrontar la demanda peruana sobre el mar de Arica.

 

Moreno recordó a principios de abril el interés del Estado chileno por “conocer cuáles son las jurisdicciones, a qué tribunal Chile podría ser llevado, qué tipo de cosas podría plantear Bolivia, que sustento tienen, cuáles son los elementos importantes para Chile y sobre todo el acopio de documentos históricos para tenerlos a mano”.

 

Pero el diálogo y la actitud constructiva "no deben confundirse jamás con una actitud de debilidad en la defensa de nuestra soberanía, territorio y mar",  insistió por su parte Piñera que ha encontrado en las escaramuzas de los últimos dos meses la ocasión para que una parte significativa y quizá abrumadoramente mayoritaria de Chile muestre que tiene las cosas muy claras:

 

Que "el territorio de Antofagasta es chileno, está respaldado por un tratado válidamente celebrado, plenamente vigente y ningún presidente de Chile va a entregar el territorio y soberanía de nuestro país", advirtió el presidente chileno asegurando que su país no va a regalar territorio y que tampoco “está dispuesto a perder su frontera con el Perú, tan simple como eso".

 

Su Canciller complementó con la misma frialdad: los territorios chilenos que fueron de Bolivia están en el medio de Chile, por lo que "no podría cortar por la mitad" su geografía para dar por allí el acceso al mar requerido. "Chile no está dispuesto a no tener una frontera con el Perú. Tampoco está dispuesto a entregar soberanía sobre su territorio, como tampoco lo está ningún país del mundo".

 

Más ambigua y de cara a las elecciones, para quedar bien con todos como señala la crítica chilena, Bachelet ha declarado:  “Me interesa que a Bolivia le vaya bien, y todos los temas que se puedan trabajar y que respeten los intereses de Chile, y que puedan permitir avanzar en asuntos que han sido complejos, creo que sería muy positivo".

 

Para el colmo Piñera ha llamado la atención sobre el mar de Arica, que de pasar al dominio peruano como intenta Perú en La Haya, clausuraría la salida marítima del corredor que eventualmente se entregara a Bolivia, recordando que el "veto peruano" es el derecho que tiene el Perú de ser consultado para cualquier modificación territorial sobre Arica,

 

Así, no hay llave para ninguno de los candados. Y para pensar en opciones extremas, la enorme superioridad militar de Chile disuade cualquier otra aventura casi suicida, limitada también por la Constitución boliviana.

 

Sin caminos a la vista, salvo la carta estratégica “y por eso mismo secreta” que guarda aún el régimen boliviano ¿qué podrá el país esperar o alcanzar, del 2015 al 2030, incluso con una larga permanencia de Bachelet en La Moneda o de Morales en Palacio Quemado?  

 

Con el estancamiento, las vías erráticas y el verticalismo señorial en uno y otro lado, más el uso político, oportunista y patriotero de la demanda, Chile sigue ganando.

 

“Los temas país, como es la política de Estado, es un tema en el que debemos involucrarnos todos los actores políticos y actuar para defender los tratados vigentes (…) la unidad de todos los sectores políticos en respaldar lo que haga el gobierno en cuanto a los tratados”, declaró el senador Jorge Tarud (PPD, que respalda la candidatura de Bachelet)

 

“Soy partidario de darle una salida al mar a Bolivia. Soberana, no; porque no existe hoy, ahora, una posibilidad con soberanía y para esto habría que tener coincidencia con el Perú y hacer un plebiscito interno en Chile…pienso que dentro de unos 20 años la crisis energética y el cambio climático harán que la integración esté por sobre esta mal llamada soberanía, y que será la tarea para las generaciones chilenas y bolivianas más integradas cumplir con una salida al mar en paz y en total acuerdo”, dijo el socialista Alejandro Navarro.

 

Mucho más cercano a la demanda boliviana, pero igualmente sin hablar de soberanía, el joven centroizquierdista Marco Enríquez-Ominami Gumucio, que obtuvo en la última elecciones el 20 % de electorado chileno, dice en su página web que una política basada  en la intangibilidad del Tratado de 1904 tiene pocas posibilidades de éxito y, consecuentemente, bloquea cualquier posibilidad de diálogo.

 

“Si los Tratados no pudieran ser revisados y discutidos entre los firmantes, sería imposible pensar en una salida al mar en la franja contigua a la actual línea de la Concordia (por Arica). Con el nuevo gobierno de Perú podría pensarse en una solución tripartita, que permitiera solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia por la franja que desde Lluta hasta la línea de la Concordia”.

 

“No tenemos por qué pensar en que la alternativa de un comodato, en Cobija (ex territorio boliviano hasta la guerra del Pacífico, NdE), por ejemplo, tuviera que romper la continuidad territorial de Chile. En la actualidad, el tráfico de personas y de mercadería puede realizarse libremente y, por lo demás, en el caso de la Comunidad Europea se ha demostrado la inutilidad de las fronteras”, agrega Enríquez-Ominami.

 

Diplomacia doméstica

 

Pero en Bolivia, la política interna parece más importante que la estrategia nacional de reivindicación marítima y las necesidades domésticas de acrecentar el poder en desmedro del adversario se muestran por encima de los requerimientos del servicio exterior, escaso de representantes idóneos para sustentar con éxito la demanda de acceso soberano al Pacífico.

 

Sobran las críticas a los representantes diplomáticos bolivianos en Perú y países vecinos, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros ámbitos de presión regional, mientras el gobierno privilegia el Railly Dakar y no atina a explicitar la forma en que se compensará los ingresos que Oruro, la mayor puerta a Chile, perderá al reducir el paso de las exportaciones y el contrabando hacia y desde el Pacífico.

 

En contrapartida el presidente Morales alega: “No se trata de eliminar competencias a estos puertos chilenos, por los que actualmente se maneja la actividad portuaria de Bolivia en más de un 70 %, sino de expandir las posibilidades frente a ingentes cantidades de productos que requieren salir a mercados asiáticos, ya sea de Bolivia u otros países que se beneficiarían de estos puertos.

 

"Aquí quien gana Brasil, pero también gana Bolivia, gana Perú, por supuesto también que gane Chile no somos egoístas –enfatizó Morales-  nunca vamos a poder alejar al departamento de Oruro de los puertos chilenos".

 

Adicionalmente, a futuro, después de un hipotético veredicto de La haya para que Chile y Bolivia negocien una futura salida soberana al Pacífico, queda pendiente si con tanto arrebato y adjetivos será Evo Morales el interlocutor válido que Chile acepte para llevar adelante la eventual negociación sobre el acceso boliviano al mar.

 

Por ahora, su régimen anuncia que junto a la llamada “diplomacia de los pueblos” desarrollará una  “diplomacia puerta a puerta” en busca de aliados que respalden la demanda marítima, según el  ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.