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La comisión del Legislativo que investiga los procesos de privatización y capitalización emitió dos proposiciones acusatorias contra los supuestos responsables de dañar la economía del Estado en los casos de Funda-Pro y ENFE. Entre los acusados están Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otras 11 exautoridades.
La primera proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se trata de la entrega de recursos del Estado a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
Los acusados son:
Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento y de Coordinación en la gestión de Jaime Paz Zamora. La Comisión afirma que el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares a favor de Funda-Pro y que, además, firmó la otorgación de personería jurídica para esta institución, cuyo asociado era su colega ministro de Industria Luis Fernando Campero Prudencio.
Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República que homologó el contrato y se habría beneficiado de esos recursos a través de Prodem y Comsur. La primera era socia de un banco establecido por Funda-Pro.
Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes y Reynaldo Peters, ministros de Estado de la gestión de Goni.
Arturo Beltrán Caballero, director de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP-FOCAS) mediante la cual se habrían desviado los recursos a Fundapro.
Flavio Escobar Llanos, subsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, la cual emitió un dictamen favorable para la homologación del contrato firmado por Doria Medina.
La segunda proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
La Comisión observó irregularidades en la formación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), que luego fue capitalizada. Sus acciones fueron entregadas, por un valor menor del real, a la empresa Cruz Blanca de Chile.
Los responsables en este caso son:
Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República que firmó los decretos de formación de FCA-SAM y la entrega de sus acciones a favor de la empresa chilena Cruz Blanca, que se adjudicó las mismas a 66 millones de bolivanos, cuando su valor real era de 137 millones.
Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, eran ministros que firmaron ambos decretos.
Fernando Candia fue ministro que firmó el decreto de la formación de FCA-SAM.
José Luis Landívar fue presidente ejecutivo de ENFE.
Rolando Suárez Montoya fue gerente general de estatal de ferrocarriles.
El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que por ahora se realizaron estas dos proposiciones porque la comisión pudo recabar “la totalidad de las pruebas” al respecto y advirtió que la próxima Asamblea seguirá investigando otros casos.
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