Con Ley de Autonomías se suspendió 100 autoridades
Legisladores de oposición afirmaron que “cerca de un centenar de autoridades en el país fueron suspendidas en cumplimiento de los artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”, que suspende a los funcionarios a sola denuncia formal presentada por el fiscal. Entre los casos más connotados se están los vinculados a los gobernadores de Beni y Tarija, Ernesto Suarez y Mario Cossio, respectivamente, además de los alcaldes René Joaquino de Potosí y Jaime Barrón, de Sucre.
Según el senador de Convergencia Nacional (CN), Luis Pedraza, si bien la resolución que declara inconstitucionales los artículos 144, 145, 146 y 147 de dicha norma, no es retroactivo, por lo que se debe comenzar un análisis jurídico para permitir la restitución de las autoridades que no renunciaron a sus cargos.
“La derogación de estos artículos en especial anula el interinato, todas las acciones del interino son ilegales a partir de este momento porque en el anterior tiempo se presume la constitucionalidad de la norma hasta que el Tribunal decreta lo contrario; esto restituye la situación al cuadro previo al 16 de diciembre de 2010, por lo tanto el gobernador Cossío siempre fue el Gobernador”, manifestó el legislador.
Los artículos de la Ley Marco de Autonomías establecían que "la máxima autoridad ejecutiva será suspendida temporalmente en sus funciones si se hubiera dictado acusación formal en su contra, que disponga su procesamiento penal", disposición contraria los artículos 26, 116 y 117 de la Carta Magna y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, señaló al respecto que existen otras disposiciones legales que posibilitarán la realización de juicios contra las autoridades que cometan irregularidades durante sus gestiones.
“Hay código Penal, hay otras normas y eso está en vigencia, están en proceso todas las leyes cuando hay malversaciones, corrupción, todo continúa, ahora las autoridades que han sido suspendidas con acusación formal, con la declaratoria de inconstitucional, no se paralizan sus casos, todos los actos de corrupción continúan sus proceso”, apuntó.
El criterio del asambleísta fue compartido por el Viceministro de Coordinación con los Movimiento Sociales, Cesar Navarro, quien aseveró que la Ley de Autonomías no fue creada para perseguir a opositores. Destacó que la existencia de otras normas en la “economía jurídica” se usará para continuar los procesos.
“No era una norma para hacer persecución política, sino para quitar privilegios a autoridades que tenían denuncias, ahora nosotros seguimos con las normas que están vigentes”, dijo.
