Gobierno dice que acumula pruebas sobre injerencia
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que el gobierno boliviano acumula evidencias sobre las acciones de la embajada estadounidense en La Paz que asegura están orientadas a desestabilizar a la administración de Evo Morales, para dárselas a conocer a Barack Obama.
“Estamos haciendo un seguimiento escrupuloso a los actos de la potencia en nuestro país. Hay tantas evidencias y todos los días para entregar esas pruebas a Obama, al Presidente de los EEUU, para decirle ¡dejen de hostigar el gobierno boliviano, dejen de cercar políticamente a nuestro gobierno, dejen de emboscarnos políticamente!”, afirmó, según informa AFP.
Aseguró que “existen pruebas irrefutables” del permanente asedio de la embajada de Washington en La Paz “para dañar la imagen y el prestigio del gobierno” boliviano con el propósito de “derrumbarlo”.
“Sus informes los desenmascaran. Lean sus informes de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el terrorismo, sus informes unilaterales sobre derechos humanos”, dijo Quintana lamentando que esos documentos no reconozcan los avances de Bolivia “en la lucha contra las drogas, derechos democráticos, participación ciudadana, redistribución económica y justicia social”.
Los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos mantienen una ríspida relación y carecen de representantes diplomáticos desde 2008 cuando el presidente izquierdista Evo Morales decidió la expulsión del embajador estadounidense acusándolo de apoyar un supuesto complot de la derecha local, a lo que Washington respondió con una medida similar.
La Paz y Washington firmaron en noviembre de 2011 un acuerdo marco de cooperación que debía dar paso a la reposición de embajadores, lo que no ocurrió hasta ahora.
La semana pasada, Morales, acusó a la embajada estadounidense en La Paz de usar el caso de una red extorsiva que involucra a funcionarios públicos como excusa para dañar a su gobierno.
El ministro Quintana ratificó el argumento de que este espinoso asunto “les está sirviendo como un recurso fundamental para intentar dañar una de las políticas más fuertes del gobierno nacional: la lucha contra la corrupción”.
En noviembre, el empresario norteamericano Jacob Ostreicher, estando preso en Bolivia durante 18 meses sin sentencia ni juicio por un supuesto lavado de dinero, denunció la existencia de una red integrada por abogados del gobierno y fiscales que exigían fuertes sumas de dinero para beneficiar a distintos clientes con libertad o con fallos benignos.
