Peña minimiza líos por reposición de autoridades
La Ministra de Autonomías, Claudia Peña, minimizó los conflictos generados en municipios y gobernaciones generados por la reposición de autoridades destituidas como resultado de la aplicación de artículos de la Ley Marco de Descentralización que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La autoridad dijo que a nivel nacional el número de unidades territoriales que presentan estos problemas apenas llegan a un cinco por ciento de los 339 municipios que existen en el país, razón por la que reiteró su recomendación a los concejos y asambleas departamentales para que puedan reponer, si así consideran, a los titulares destituidos.
“Nosotros no estamos viendo problemas bastante significativos, es menos del cinco por ciento los municipios, de los gobiernos autonómicos, que tienen alguna autoridad suspendida, y en el tema de los conflictos de gobernabilidad no todos los conflictos tienen que ver con la suspensión de autoridades, el tema de Cuatro Cañadas por ejemplo es una movilización de un sector de la sociedad civil que no tiene que ver con la suspensión de autoridades”, sostuvo.
Los datos indican que en dos años y medio de vigencia de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, al menos 20 alcaldes y gobernadores fueron suspendidos de sus cargos por la acusación formal de un fiscal, la mayoría de ellos de oposición.
Peña dijo que es tuición de las administraciones territoriales dirimir estos asuntos, razón por la cual el gobierno central no se inmiscuirá en el tema.
“Es una atribución que tienen los asambleístas departamentales, los concejales municipales, y en ese sentido tiene que seguirse también todos los procedimientos de deliberación que funcionan la interior de cada uno de esos órganos”, manifestó.
Sobre el caso preciso de Mario Cossío en la gobernación de Tarija, la Ministra dio como posible que asuma nuevamente la titularidad departamental, pero esta medida administrativa no implicaría la suspensión de los procesos judiciales, asuntos que “deberá responder ni bien llegue al país”.
