MAS solicita suspensión de diputados vinculados con libanés Chafic
La vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, solicitó la suspensión de los diputados Samuel Pamuri y Donato Callisaya, legisladores que entregaron pases de autorización para vehículos oficiales al ciudadano libanés George Chafic Habchi, detenido el pasado sábado por narcotráfico.
Según la dirigente, no se puede tolerar este tipo de vínculos entre asambleístas nacionales y sindicados en hechos delictivos, por lo que anunció procesos en las comisiones de ética de Diputados y el propio instrumento político. También anticipó la realización de una investigación interna para determinar qué dirigente entregó la credencial de militante a Chafic.
“Dentro del Movimiento Al Socialismo nosotros estamos siempre en contra de cualquier corrupción o abusos de autoridad o por utilización de influencias, por eso como mínimo automáticamente deberían suspenderlos (a Pamuri y Callisaya) porque esto ya es público. Los dirigentes actuales no le hemos dado (carnet de militancia a Chafic) porque esa credencial es de 2005. También estamos investigando si está inscrito en la misma Corte (Nacional Electoral)”, manifestó la dirigente.
Uno de los involucrados considerado librepensante, Samuel Pamuri, dijo sentirse muy seguro de no estar comprometido en esos actos y reveló que el libanés es militante del MAS desde 2005, y que lo conoció en la brigada parlamentaria de La Paz. Ratificó que se sugirió al presidente Evo Morales que se elija al extranjero como ‘cónsul honorario’.
“¿Cómo le conocí? Fue en la brigada parlamentaria de La Paz. Como todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales de la construcción política hacían fila para venir, entonces ahí también él hizo fila para proponerlo como cónsul y embajador. En 2010, 2011, nos dijeron podríamos proponer a un compañero o compañera que sepa inglés y francés. Él había sido militante del MAS desde 2005, me demostró con sus credenciales y por eso yo lo propuse”, argumentó Pamuri.
Otra medida que se asumió desde la Cámara de Diputados fue denunciar formalmente ante la fiscalía al exoficial mayor de esa instancia, Jaime Pozo, por la comisión de delitos de orden público, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, además de acusar al exjefe de la unidad de transportes, Raúl Aguirre.
A juicio del diputado Evaristo Peñaloza, presidente de la Comisión de Ética, el accionar de los asambleístas deja un nefasto precedente en esa instancia del Legislativo, y en caso de confirmarse la denuncia contra ellos, la sanción depararía la pérdida de mandato.
“Siempre el reglamento general de la Cámara de Diputados no puede ser utilizado con supuesto tráfico de influencias o faltas al decoro de la Cámara de Diputados, de confirmarse todas estas situaciones, no puede ser este accionar de colegas compañeros”, apuntó.
