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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este lunes un continuo hostigamiento, amenazas, campañas de estigmatización y detenciones arbitrarias, contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela.
“La repetición de declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad”, alertó el organismo.
La CIDH mencionó el caso del presidente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, quien había sido anteriormente objeto de campañas de estigmatización por parte de diversos medios de comunicación oficialistas.
El 25 de enero, señala la Comisión, el portal gubernamental en línea Misión Verdad habría publicado un artículo que incluye una imagen de Marco Antonio Ponce, donde se presentan las protestas ocurridas en el país en enero de 2019 como incidentes desestabilizadores financiados por las ONG que promocionan y buscan “extender esta lógica de odio y confrontación a los sectores populares”.
La CIDH también menciona que el 6 de febrero, en un programa televisivo dirigido por Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, se señalaría a las organizaciones de derechos humanos, y en particular a la organización Provea, de ser financiadas desde Colombia por el “imperio”, bajo el pretexto de la ayuda humanitaria.
El organismo denunció también hostigamientos a los coordinadores de la organización Foro Penal en los estados de Nueva Esparta y Zulia, quienes estarían siendo objeto de seguimiento y vigilancia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la información recibida, un abogado de la organización que realiza la defensa legal de personas detenidas en el contexto de las protestas ocurridas en enero habría recibido amenazas de muerte.
Respecto a las detenciones arbitrarias, la CIDH señaló que el 23 de enero de 2019, fue privada de libertad Laura Gallo, responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y madre del defensor de derechos humanos Gabriel Gallo, coordinador de la organización Foro Penal en Yaracuy. El 31 de enero, tras audiencia judicial, Laura Gallo fue puesta en libertad condicional bajo acusación de asociación para delinquir, terrorismo e incitación a la violencia.
“Llamamos al Estado a cesar la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos; las autoridades deben asegurar condiciones efectivas en las cuales quienes defienden los derechos humanos puedan llevar adelante sus tareas", sostuvo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La Comisión urgió al Estado de Venezuela a tomar medidas urgentes para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor en el país, libres de intimidación.
Recordó que la privación del derecho a la libertad de una persona debe basarse en un hecho concreto que justifique el arresto. “El Estado de Venezuela debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país”, agregó.
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