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Dos años después de que la presidenta de Argentina anunciara la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la compensación de 5.000 millones de dólares (algo más de 3.600 millones de euros) con que el Gobierno argentino resarcirá a la compañía española. El acuerdo fue aprobado con 135 votos a favor, 59 en contra y 42 abstenciones. El debate, como suele suceder en las votaciones importantes del Congreso argentino, se prolongó más de 15 horas, desde el mediodía del miércoles hasta las cuatro de la madrugada del jueves.
El Senado ya aprobó la compensación en otro debate que duró 11 horas y terminó a la una de la mañana del 27 de marzo. Lo hizo por 42 votos a favor y 18 en contra. Así que solo queda la promulgación de la ley para que Argentina comience a pagarle a Repsol. La presidenta, Cristina Fernández, se comprometió con Repsol a promulgarla antes del 1 de mayo.
El acuerdo contempla el pago de 5.000 millones de dólares en bonos incluso en caso de que Argentina decida reestructurar su deuda. A cambio, la petrolera española retirará los 28 pleitos que había planteado ante tribunales argentinos, estadounidenses, españoles e internacionales. El Gobierno espera con esta medida tener un mayor acceso al crédito de organismo internacionales y a la llegada de capitales extranjeros.
En su día, el 3 de mayo de 2012, el Gobierno consiguió que la Cámara de Diputados aprobase la expropiación con un respaldo del 85%. Esta vez, sin embargo, el oficialista Frente para la Victoria ganó la votación, como estaba previsto, gracias a su cómoda mayoría en la Cámara, apoyada por escasos opositores. La mayoría de la oposición votó en contra bajo el argumento de que el pago es excesivo y de que no se evaluaron debidamente los supuestos daños ambientales por parte de Repsol que el Gobierno denunció en su día.
El PRO, partido de centro derecha que abandera el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se opuso en su día a la expropiación y ahora decidió abstenerse. “No será el PRO el que obstaculice un acuerdo que plantea finalmente una normalización institucional y certeza contractual”, indicó un legislador de este grupo.También se abstuvieron los diputados del Frente Amplio, que lidera el peronista opositor Sergio Massa, quien encabeza las encuestas electorales como candidato presidencial en las elecciones de 2015. “El que expropia debe pagar. Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos. Pero el precio que se ha fijado es irregular y no tiene correlato con la realidad”, indicó el diputado de esta formación Gilberto Alegre.
Los legisladores de la coalición de centro izquierda Frente Amplio-UNEN, que agrupa a cinco candidatos presidenciales y fue presentada el martes, votaron en contra. La diputada de esta coalición Margarita Stolbizer señaló: “El acuerdo es malo porque el precio es exageradamente alto y no se encuentra justificado; porque primero llegaron a un acuerdo con la empresa sobre el monto de la compensación y luego amañaron la tasación del Tribunal para convalidar lo que ya habían arreglado”.
Miguel Bazze, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), subrayó: “Está claro que el Gobierno acordó con la empresa española el precio y después adaptó la tasación a ese acuerdo”. Su compañero de partido, Eduardo Costa, añadió: “Apoyamos y creemos en una YPF estatal, pero no apoyamos este acuerdo por el que se pretende pagar más de 5.000 millones de dólares a la empresa que destruyó YPF”.
Entre los 120 discursos que se oyeron el más virulento fue el de la diputada opositora de Unión Cívica Elisa Carrió, quien dijo: “Muchos van a ir presos: españoles y argentinos, esta es una asociación ilícita de españoles y argentinos. (…). Son 5.000 millones de dólares que no paga este Gobierno, lo paga el pueblo de la Nación: este es momento post revolucionario. La mayor empresa de América fue entregada y vaciada con la complicidad de las autoridades argentinas, como Chile no entregó el cobre, ni Brasil Petrobras”.
Tres días antes, su compañero de filas en la Unión Cívica, el senador Fernando, Pino, Solanas, denunció ante una juzgado de primera instancia al ministro de Economía, Axel Kicillof, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública” en relación al convenio firmado con Repsol.
En el último tramo del debate, la presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, expresó su satisfacción por el acuerdo al tiempo que criticaba a la oposición: “Vimos con asombro que quienes nos acompañaron en esta decisión estratégica de la presidenta de volver a tener el 51% de las acciones en manos del Estado argentino, hagan verdaderas peripecias para oponerse a un acuerdo que creemos a todas luces que es bueno para la Argentina. (…) El futuro es inmenso para la Argentina, demanda una enorme responsabilidad, cosa que no se ha visto hoy en este parlamento por parte de la oposición. No es responsable votar negativamente”. (EL PAÍS)
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