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El Gobierno de Nicolás Maduro, decidido a obviar las consecuencias de la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, está aprovechando el control que mantiene sobre el Poder Judicial para impedir que la nueva legislatura, de mayoría opositora, se instale el próximo 5 de enero como está previsto.
Este martes por la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia respondió a un escrito presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que demandaba la interpretación del artículo de la Constitución que le autoriza a convocar sesiones extraordinarias después del 15 de diciembre,cuando culmina el segundo semestre legislativo.
La Sala Constitucional no solo aclaró que nada impide que se puedan llamar a plenarias fuera del período ordinario, sino que en estas convocatorias se puede tratar cualquier tema.
Era una respuesta a las críticas de la oposición cuyos voceros no discutían la legalidad del llamado, sino el problema político que se genera.
El chavismo pretende aprovechar las sesiones extraordinarias y sacar adelante este miércoles en la Asamblea el nombramiento de 13 nuevos magistrados, afectos al Gobierno, y 22 suplentes para el Tribunal Supremo.
“Es un asunto de moralidad republicana. La mayoría oficialista no puede tomar decisiones que comprometan el futuro del país cuando están de salida”, afirmó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en declaraciones a este diario.
La asamblea saliente va a aprovechar hasta el último minuto de su mandato para evitar que la oposición, con mayoría absoluta, pueda legislar en contra de los intereses de la llamada revolución bolivariana.
El fallo del Supremo confirma que podrán trabajar hasta la medianoche del cuatro de enero. No habrá una transición civilizada porque el chavismo así lo ha informado a su contraparte.
“Diosdado Cabello respondió a una carta nuestra, en la que le pedíamos que nombrara a un equipo que nos entregara la Asamblea Nacional, diciendo que nos entendiéramos con el portero”, dijo Torrealba en una rueda de prensa convocada el martes en Caracas, la capital.
Justo en esa conferencia, en la que se encontraba el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, Torrealba denunciaba que la Sala Electoral, que está oficialmente de vacaciones hasta el 7 de enero, había abierto sus puertas para conocer de un contencioso contra 22 diputados opositores electos.
El recurso judicial, firmado por el abogado Leobaldo Salazar, pretendía dejar sin efecto la proclamación hasta que se resolviera un reclamo cuyo alcance y dimensiones desconocía la coalición opositora.
El abogado de la MUD, Carlos Guevara, no podía ofrecer más detalles sobre los nombres de los impugnados porque aún no tenía una copia del escrito.
“Tengo la certeza de que existe porque vi el documento y me prometieron que lo conocería en las próximas horas”, aseguró Guevara.
El Supremo difundió una nota ayer en la que negaba no obstante haber recibido la solicitud de impugnación.
Durante toda la tarde las redes sociales se convirtieron en un abrevadero de rumores que dan cuenta de una tensión que no disminuye ni en los días cercanos a la Navidad, cuando los venezolanos suelen desconectarse de su cotidianidad.
Fuera del país también hubo reacciones al intento por evitar que el nuevo Parlamento asumiera sus funciones.
Hasta 36 ex jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) -entre los que se encuentran los exmandatarios José María Aznar (España), Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia) y Ricardo Lagos (Chile)- publicaron un comunicado donde llamaban la atención de los gobiernos miembros del sistema interamericano “a propósito de las graves alteraciones constitucionales que están teniendo lugar en Venezuela y que amenazan con desconocer la voluntad popular”.
“La acción judicial ordinaria de nulidad electoral tiene los visos de un golpe judicial”, agregaron.
La movida jornada informativa en Venezuela continuó en la noche con la misma intensidad. En respuesta a la denuncia de la MUD, un despacho de prensa del Tribunal Supremo de Justicia indicó que la Sala Electoral no había recibido ninguna acción judicial que impugne los resultados de las elecciones parlamentarias.
Fue un desmentido que terminó por reafirmar las sospechas de la alianza opositora acerca de la existencia del contencioso.
“Nos parece genial que lo nieguen. Estamos en una situación de extrema opacidad y cualquier especulación cabe. Nos remitimos a los hechos: nuestro abogado vio el documento y teníamos el número del expediente. Lo que ha ocurrido quiere decir que el gobierno ha dado marcha atrás. Si admitían ese documento perderían el único argumento que les queda: el de reconocer los resultados”, dijo Torrealba a este diario poco después de conocerse la reacción de Supremo.
El chavismo, mientras tanto, sigue con su plan de nombrar a 13 nuevos magistrados y a 22 de sus suplentes.
El presidente del Comité de Postulaciones Elvis Amoroso mencionó los nombres de los candidatos, entre los que se encuentra el exencargado de negocios de Venezuela en Washington Calixto Ortega como integrante de la Sala Constitucional.
Después de las dos primeras sesiones y de constatar que no tienen la mayoría calificada -dos tercios de la cámara- para aprobar a los nuevos togados, el director del debate Diosdado Cabello convocó a dos nuevas sesiones para este miércoles.
Si al momento de celebrar el cuarto pleno aún no llegan a un acuerdo con la oposición el oficialismo podrá nombrarlos con la mitad más uno de los 165 miembros del Parlamento. Con su habitual tono jactancioso el número dos del régimen dijo a los candidatos: “Vénganse preparados para juramentarse. La cita es mañana a la una de la tarde (hora de Venezuela)”.
(Fuente: El País, España)
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