Human Rights Watch alerta sobre autoritarismo en América Latina

La concentración de poder en los países del bloque del ALBA, las amenazas que para la libertad de expresión y prensa que suponen las leyes sobre telecomunciaciones de Argentina o Ecuador; el incumplimiento de las leyes para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia o México; la indefinición en la estrategia de seguridad del los países que se enfrentan al narcotráfico; la impunidad e irregularidades a la hora de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado en países como Guatemala u Honduras -aunque se trata de una práctica que se extiende a casi toda América Latina-; los abusos en las cargas contra los manifestantes en Chile o Perú; el recurso a la justicia transicional para ayudara resolver el conflicto de las FARC; la falta de transparencia en las elecciones venezolanas y la posterior represión a los simpatizantes de la oposición que demandaban un recuento de votos; las leyes que prohiben o restringen severamente el derecho al aborto; las cortapisas a la independencia judicial, de nuevo, en Argentina, Ecuador y Venezuela; los programas de drones operados por EE UU o los abusos al derecho de la intimidad revelados por Edward Snowden en los que ha incurrido la inteligencia de este país constituyen las líneas generales que dibujan el mapa de las violaciones de derechos humanos en 2013 de en el continente americano de acuerdo con el Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) que se ha dado a conocer este martes.

“Hemos apreciado un incremento de regímenes autoritarios que mantienen una fachada democrática, pero donde esa democracia es una ficción, donde se celebran elecciones, a veces limpias y otras no lo suficientemente transparentes en las que el partido que las ganas, al comprobar que temporalmente constituyen una mayoría tratan de perpetuarse en el poder, avasallando a la sociedad y a todos aquellos que no piensan como ellos e interviniendo rápidamente el poder judicial. En esta región hemos identificado ese comportamiento en Venezuela y es muy probable que Ecuador esté calificando para esa liga”, ha señalado este martes José Miguel Vivanco, el responsable para América Latina de Human Rights Watch, durante la presentación del informe sobre la región.

Vivanco se ha mostrado pesimista sobre la observancia de los derechos humanos en el continente y ha hecho especial hincapié a “la falta de definición en materia de seguridad” del Gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto en referencia a los sucesos de Michoacán y al surgimiento de los grupos de autodenfensa, una situación que no aparece recogida en el informe de este año.

Impunidad por los delitos de lesa humanidad

Los escasos avances en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad por abusos cometidos en el pasado, lejano o reciente, de los Gobiernos de América Latina es casi una constante en el informe que HRW ha elaborado para América Latina. Salvo las excepciones de Argentina, Chile o Ecuador donde la organización reconoce progresos a la hora de juzgar las violaciones cometidas durante sus respectivas dictaduras, la institución es muy crítica en los casos de Guatemala, debido sobre todo a la anulación de la condena al ex jefe del Estado Efraín Ríos Mont, Honduras, se critican los escasos “juzgamientos por el uso excesivo de la fuerza y los asesinatos”, tras el golpe de Estado de 2009, o Perú, donde se denuncia “las extensas demoras de la investigación judicial” y una cierta negligencia a la hora de destinar “suficiente personal y recursos”.

En el caso de México, HRW hace constar los escasos esfuerzos por parte del nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto para investigar, perseguir y juzgar los casos de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por militares y las fuerzas de seguridad durante la guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón. “El Gobierno de Peña Nieta ha demostrado a lo largo de este año que el tema de los derechos humanos no es prioritario”, ha sostenido Vivanco. El informe denuncia el peligro de impunidad para los abusos militares que se puede derivar del hecho de que este tipo de delitos “sean juzgados por el sistema de justicia militar que carece de independencia y transparencia”.

En este sentido, el informe es muy crítico en el caso de Colombia, donde se denuncia el rechazo del Gobierno a reconocer en los tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las fuerzas militares en el caso de los falsos positivos. HRW alerta sobre el peligro que entraña el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en 2012, y que prevé de un sistema de justicia transicional para favorecer el proceso de paz con las FARC. La organización alerta de que esta medida “abre la puerta a la impunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares en el caso de que se alcance un acuerdo con las FARC”, de acuerdo con el documento. “El precio por la paz no puede ser la impunidad total, no estamos en los 80”, ha advertido Vivanco. “Eso supondrñia un retroceso para Colombia”. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha defendido el mecanismo de justicia transicional en foros internacionales como Naciones Unidas o la OEA.

Proceso de paz

Sin abandonar el marco de violencia generado por el conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, el informe llama la atención sobre los abusos contra civiles cometidos durante el proceso de paz por parte de las FARC y del ELN, sobre la presencia de organizaciones de paramilitares que siguen activas y, en concreto, muestra su preocupación por los problemas en la aplicación de la Ley de Víctimas, denunciando las amenazas y violencias que sufren numerosos desplazados que han iniciado el proceso de reclamación de tierras.

Amenaza a la libertad de expresión

HRW alerta en su informe del peligro que para la libertad de expresión en Ecuador supone la nueva Ley de Medios aprobada por su Asamblea Nacional en junio de 2013. “Contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales arbitrarios y actos de censura”, señala el informe en el que se incluye la preocupación por que los periodistas acusados de “linchamiento mediático” puedan ser obligados a “emitir una disculpa pública y ser juzgados penalmente por otros delitos”. El documento establece los casos concretos de unos tuits críticos con el Gobierno que preside Rafael Correa, publicados por el Universo, o la reciente condena al asambleísta opositor Cléver Jiménez y a su asesor Fernando Villavicencio, por haber injuriado al presidente.

En esta misma línea, la organización muestra su preocupación por la ley de Control de Medios aprobada por el Congreso argentino en 2009 para ampliar la pluralidad de los medios. HRW advierte de que “la autoridad federal a cargo de implementar la ley aún debe asegurar que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado” y cita la oposición del mayor grupo de telecomunicaciones del país, Clarín, que ha perdido la batalla sobre la constitucionalidad de la norma. El informe crítica, las agresiones contra los medios críticos que se realizan desde el poder en los casos concretos de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela.

Concentración de poder en Venezuela

Como viene siendo habitual en los últimos años, el informe de HRW denuncia el deterioro institucional en Venezuela y la progresiva acumulación del poder ejecutivo durante el actual gobierno de Nicolás Maduro. HRW, esta vez, pone de manifiesto la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad tras las elecciones presidenciales de abril de 2013. “El presidente Maduro y otros altos funcionarios han recurrido a la amenaza de llevar adelante investigaciones penales como herramienta política y han señalado a Henrique Capriles como el responsable de todos los actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones”, señala la organización

Cargas contra manifestantes

El informe advierte de los abusos policiales cometidos por Chile y Perú durante las ocupaciones y protestas estudiantiles y de la minería respectivamente. En el caso chileno, HRW critica la ausencia de una ley que regule las protestas públicas y destaca el fracaso en el Senado de una norma que pretendía abordar el asunto a costa de cercenar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. En cuanto a Perú, la organización destaca las muertes de civiles -27- en enfrentamientos con la policía durante las marchas contra los proyectos de minería del Gobierno de Ollanta HUmala o del sector privado. HRW también advierte sobre las acusaciones penales desproporcionadas a las que se enfrentan los manifestantes en Ecuador. (ERL PAÍS)