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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, solicitando al gobierno colombiano que suspenda la destitución a su cargo, dictada por la Procuraduría a fines de 2013.
La CIDH concedió este martes la medida cautelar solicitada por Petro, quien denunció las irregularidades con que, a su entender, había sido destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría por el supuesto mal manejo en la gestión de residuos de la capital colombiana.
"La Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego", señala la decisión de la CIDH publicada por medios colombianos.
En el documento, la CIDH establece que Petro debe poder cumplir "con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá". Petro fue elegido alcalde por voto popular el 30 de octubre de 2011 para el periodo 2012-2015.
"La Comisión también solicita al Gobierno de Colombia que tenga a bien informar, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la siguiente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica", agrega el documento.
Según este organismo del Sistema Interamericano, "tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho" presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que "los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia".
Las medidas cautelares de la CIDH fueron anunciadas el mismo día en que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia, negara las últimas tutelas (recursos de amparo) que buscaban suspender la destitución e inhabilitación que le impuso el pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez. (información tomada de Uypress)
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