Grupo de Lima rechaza represión a diputados en Venezuela

Los países del Grupo de Lima expresaron su condena a las recientes acciones de represión contra diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y rechazó los intentos de manipulación para reprimir a la disidencia política en ese país.

Mediante un comunicado, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, integrantes de dicho grupo, también calificaron de “ilegal” y “arbitraria” la detención del diputado venezolano Juan Carlos Requesens.

Los diputados Requesens y Julio Borges han sido acusados por el gobierno venezolano de ser cómplice del atentado perpetrado contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

Asimismo, el Grupo de Lima rechazó la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos durante la captura, sin investigación previa, de Requesens.

Igualmente, condenó la orden de captura emitida contra el diputado venezolano Julio Borges, en detrimento de sus fueros parlamentarios y de las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de Venezuela.

Los países del mencionado conglomerado regional, además, expresaron su inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos.

“Lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano”, señala el comunicado.

Por todo esto, el Grupo de Lima exhortó al gobierno de Venezuela a que conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente de los hechos producidos el pasado 4 de agosto.

Finalmente, se reiteró que solo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a dicho país, por lo que se reiteró el compromiso de seguir tomando acciones dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela.

FUENTE: El Comercio