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El Parlamento de Cataluña convocó para el lunes 9 de octubre un pleno en el que podría declarar la independencia de la región, un paso que plantearía el mayor desafío de las últimas décadas al Estado español y abriría un foco de conflicto imprevisible en Europa.
El pleno incluirá la comparecencia del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y tiene registrado como único punto en el orden del día analizar la victoria del "sí" a la ruptura con España en el polémico referéndum no autorizado celebrado el domingo.
Sin embargo, el propio Puigdemont aclaró esta semana que Cataluña declarará su independencia "los próximos días" y la ley que regula el referéndum estipula ese paso en un plazo de 48 horas después de que se conozcan los resultados oficiales de la consulta, algo que aún no ocurrió.
"Es un pleno para valorar los resultados y para materializar las consecuencias de esos resultados: es decir para declarar la independencia o para proclamar la república", explicó hoy en una rueda de prensa la diputada Mireia Boya, del partido antisistema la CUP que apoya al Gobierno de la alianza Junts pel Si.
El "sí" a la creación de una "república catalana independiente" ganó por un 90 por ciento la consulta -según datos del Gobierno catalán- en parte porque muchos partidarios del "no" rechazaron ir a votar o hacer campaña porque el referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.
Aunque ningún país se mostró por ahora dispuesto a reconocer una Cataluña independiente, la declaración unilateral plantearía un desafío sin precedentes al Estado español. La respuesta del Gobierno central de Mariano Rajoy podría consistir en intervenir la autonomía de la región, un paso inédito en 40 años de democracia en España.
Para intervenir o suspender parte de la autonomía de Cataluña, el Gobierno tendría que aplicar el artículo 155 de la Constitución, una paso inédito que se discute desde hace meses en España.
Las condiciones e implicaciones concretas del artículo dejan un amplio margen de acción: el texto constitucional indica simplemente que el Gobierno podrá "adoptar las medidas necesarias" para "obligar" a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones y a la protección del interés general.
En el caso de Cataluña, esto podría implicar la intervención de autoridades puntuales o directamente la disolución del Parlamento regional para convocar elecciones anticipadas en la región.
Su aplicación tampoco es inmediata y debe cumplir con diversos trámites que incluyen la aprobación en el Senado (Cámara alta), donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta, por lo que posiblemente no llegaría producirse antes del lunes.
Fuente: DPA / Clarín
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