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La guerra entre el régimen de Nicolás Maduro y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya es total. El Tribunal Supremo de Justicia nombró este martes a una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, horas antes de celebrarse una audiencia previa del proceso contra la máxima autoridad del Ministerio Público, que se ha pronunciado en contra del Gobierno durante las protestas. Harrington, incondicional del presidente de Venezuela, es una de las siete personas sancionadas en 2015 por Estados Unidos por amparar violaciones a derechos humanos.
Harrington fue incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su nombramiento este martes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue calificado por la fiscal general como un golpe de Estado. Ortega Díaz también aseguró que no reconocerá la designación. El lunes, la jefa del Ministerio Público había pedido al Parlamento que ratificara el nombramiento de otro número dos, Rafael González Arias, y de paso recusó a 17 de los magistrados asignados a la sesión de la Sala Plena que este martes pretendía discutir su remoción del cargo.
Mientras se sustancia el procedimiento contra ella, iniciado por la demanda de un diputado chavista, el TSJ tomó la decisión de nombrar a otra número dos en la Fiscalía. El Supremo, en un fallo anterior, determinó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al régimen de Maduro, actúa en desacato, por lo que considera nulas sus actuaciones y sus nombramientos. Con ese mismo poder, la Sala Constitucional del Supremo ha acogido el amparo solicitado por el mayor general Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional, para intentar impedir que se concretara la citación que le extendió el Ministerio Público para que compareciera como imputado en una investigación por violaciones a los derechos humanos en el control de las manifestaciones que se han producido en Venezuela durante los últimos tres meses.
Dos facciones chavistas
Los magistrados han considerado que Benavides Torres debe pasar por un antejuicio, un proceso para decidir si será enjuiciado antes de declarar ante la Fiscalía, a pesar de que ocupa el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Capital, que no está incluido dentro de las garantías que se le ofrecen para sortear de momento la imputación de la Fiscalía. Todo un galimatías legal que recubre el cruento enfrentamiento entre dos facciones del chavismo.
El régimen está decidido a cobrarle a Ortega Díaz su deserción de las filas oficialistas. Para lograr ese propósito está utilizando a los magistrados del Supremo, que responden a sus intereses, para buscar una manera legal de sustituirla y retomar el control de una institución clave en el propósito de mantener a raya las manifestaciones de la oposición. La negativa del Ministerio Público a enjuiciar a los civiles detenidos en las protestas ha obligado al régimen a utilizar la justicia militar para condenarlos en juicios sumarios.
Todo parece servido para que el oficialismo destituya a Ortega Díaz y finalmente nombre en su lugar a Harrington. La fiscal no se presentó este martes a la audiencia que iniciaba el proceso para determinar si debe ser enjuiciada, en la que los magistrados acordaron que anunciarán la decisión en un plazo de cinco días. Ortega Díaz calificó la sesión como un circo y denunció que no le permitieron a su defensa revisar la causa.
Harrington fue sancionada en el marco de un decreto que declaró a Venezuela “como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos”. Sus bienes en ese país están congelados y tiene prohibida la entrada. En el momento de la sanción llevaba los casos de mayor relevancia contra opositores: el de la exdiputada María Corina Machado y el del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, señalados en una trama penal por conspirar supuestamente contra Maduro.
También se encargaba de los casos de los jóvenes opositores Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero, quienes en 2014, en una crisis política similar a la actual, estuvieron detenidos en un sótano de una de las sedes de la policía política de Venezuela, en condiciones de extremo aislamiento, según la denuncia de sus familiares. La madre de Saleh denunció entonces que Harrington supuestamente visitó a su hijo para convencerle de que acusara a las figuras de la oposición de planificar el magnicidio de Maduro. Saleh se negó y Harrington le advirtió de que se “pudriría en la cárcel”, según el testimonio de la madre del detenido.
Fuente: El País
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