EEUU militariza lucha antidroga en Latinoamérica
Los tripulantes del barco USS Underwood vigilan con sus lentes de visión nocturna y detectan una lancha arrojando paquetes por la borda.
Clarissa Carpio, una oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, prepara su ametralladora y se monta en una lancha junto con dos colegas y cuatro marineros sin armas. Oriunda de San Francisco y con 23 años de edad, Carpio está lista para el combate. Es su primera misión en el exterior, pero fue entrenada precisamente para la lucha antidrogas, informa AP.
El despliegue es evidencia de que Estados Unidos está militarizando la lucha contra los carteles de la droga en Latinoamérica, en su más costosa iniciativa en la región desde el fin de la Guerra Fría. Ha gastado más de 20.000 millones de dólares en ello en la última década.
Tropas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Costera están siendo empleadas para perseguir, detectar y capturar a contrabandistas de drogas.
La sofisticación y la violencia de los carteles es tal que los militares estadounidenses entrenan no sólo a las fuerzas del orden de países latinoamericanos sino también a sus fuerzas armadas, con costosos equipos, radares, aviones, barcos, aeropuertos y bases de abastecimiento, todo con el fin de detener el flujo de drogas que va de Sudamérica hacia Estados Unidos.
Según fuentes del Pentágono y del Departamento de Estado, la lucha contra las drogas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional porque los narcóticos conllevan plagas como la corrupción, el daño a las democracias y el terrorismo.
El director antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske, dice que la estrategia está dando frutos, y señala como prueba la sustancial disminución de la violencia y producción de cocaína en Colombia.
“Los resultados han sido históricos y han tenido grandes implicaciones, no sólo para Estados Unidos y el Hemisferio Occidental sino para el mundo entero”, dijo Kerlikowske en una conferencia el año pasado.
La AP revisó documentos sobre exportaciones de armas, contratos militares, cifras de ayuda militar y de maniobras armadas en la región, detectando una estrategia de guerra que se inició en Colombia, se trasladó a México y es ahora enfocada en Centroamérica, donde los brutales criminales son el símbolo de un enemigo a quien no le importa la ideología sino el dinero.
Estados Unidos autorizó la venta de 2.800 millones de dólares en fusiles, satélites, equipos de radar y gases lacrimógenos a países del Hemisferio Occidental en el 2011, una cifra sin precedentes y cuatro veces lo que era 10 años atrás, según cifras del Departamento de Estado.
En esa misma década, los contratos de defensa aumentaron de 119 millones de dólares a 629 millones, para financiar una amplia gama de equipos como cascos a prueba de bala para el ejército mexicano y pistas de aterrizaje en Aruba, según cifras oficiales. El año pasado 830 millones de dólares — casi 9 de cada 10 dólares en ayuda policial y militar enviada a la región — fueron para la lucha antidrogas, un aumento de 30 por ciento en una década. Muchas fuentes en las agencias de la ley — como la DEA, el ICE y el FBI — aplauden la nueva estrategia, pero otros opinan que militarizar la lucha en una región de frágiles democracias e instituciones corruptas podría agravar la inestabilidad política son hacer mella en una industria que según la ONU, produce 320.000 millones de dólares anuales.
El congresista Eliot Engel, demócrata por Nueva York y presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos del Hemisferio Occidental los últimos cuatro años, denuncia que los esfuerzos apoyados por Estados Unidos de combatir a los carteles mexicanos sólo ha logrado hacerlos “más fuertes y más violentos”, y ha anunciado planes para presentar una evaluación sobre las gestiones antinarcóticos.
“Miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se han gastado durante años en el combate a los narcotraficantes en Latinoamérica y el Caribe”, declaró. “A pesar de tanto esfuerzo, hemos tenido pocos resultados positivos”.
En todo momento hay unos 4.000 soldados estadounidenses en Latinoamérica y cuatro buques de la Armada de Estados Unidos a lo largo de ambas costas de Centroamérica. Pilotos de la Fuerza Aérea volaron más de 46.400 horas en misiones antidroga en el 2011, y agentes de por lo menos 10 agencias de la ley de Estados Unidos están en funciones en todo el continente.
Las fuerzas estadounidenses entrenan a miles de soldados latinoamericanos y usan costosos equipos de radar para espiar a los carteles de la drogas, interceptar sus envíos y arrestar a sus cabecillas.
Pero no es fácil. Los narcotraficantes mueven la droga cada año con 11.000 vuelos, y cientos de lanchas y sumergibles. Sacan la cocaína del único lugar donde es producida, Sudamérica, y la meten donde es más codiciada, el mercado estadounidense.
Un problema eterno es que en muchos de los países de la región la policía es muy débil o corrupta y los gobiernos han recurrido a las fuerzas militares para combatir a los narcotraficantes, lo cual a veces ha degenerado en violencia. Las fuerzas armadas tienen como misión el combate y para ello son entrenadas, mientras que a los cuerpos policiales se les enseña a hacer cumplir las leyes.
“Es lamentable que los militares tienen que estar involucrados en misiones que les corresponden a las fuerzas del orden”, opinó Frank Mora, el subsecretario saliente de defensa para asuntos del Hemisferio Occidental. Pero al mismo tiempo reconoce que muchos gobiernos no tienen opción.
“No podemos darles la espalda a estos gobiernos o a estas instituciones sólo porque se encontraron en esta situación en que se vieron obligados a usar sus fuerzas armadas”, dijo Mora.
Añadió que ello no implica que la guerra antidrogas se está militarizando, aseverando que el rol del Departamento de Defensa, por ley, es sólo de vigilar y detectar. Son agentes de las fuerzas del orden, como del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras o la Guardia Costera, los responsables de realizar los arrestos.
Pero Estados Unidos está desplegando fuerzas militares también. No sólo está la Cuarta Flota en el Caribe, el Pacífico y el Atlántico sino que la Infantería de Marina fue despachada a Guatemala el año pasado, y hay efectivos de la Guardia Nacional en Honduras.
El gobierno estadounidense califica estos despliegues de misiones importantes que dan buenos resultados. Cientos de miles de kilos de cocaína son confiscados cada año en ruta hacia Estados Unidos, y el Departamento de Defensa estima que unas 850 toneladas métricas de cocaína salieron de Sudamérica el año pasado rumbo a Estados Unidos, un descenso de 20% en un apenas un año. El estudio más reciente muestra una significativa reducción en el consumo de cocaína, de 2,4 millones de consumidores en el 2006 a 1,4 millones en el 2011.
A bordo del Underwood, la tripulación tenía clara la misión. El buque ha ganado reconocimiento oficial por sus exitosos decomisos de marihuana y cocaína.
Vigilando las aguas desde la cubierta del barco, el equipo de Carpio detectó un primer paquete de cocaína. Y entonces, tras dos semanas y media surcando las aguas del Caribe en busca de narcotraficantes, detectaron otro paquete, y luego otro y otro. “En total hallamos 49 paquetes”, dijo Carpio en una entrevista a bordo del barco. “Fue asombroso ver esa cantidad de paquetes flotando juntos en el mar”.
Los paquetes, envueltos en gruesa tela negra y blanca, eran tan pesados que Carpio apenas podía levantarlas del agua. Más tarde, las autoridades dijeron haber confiscado cocaína por un valor de 27 millones de dólares.
La estrategia estadounidense actual empezó en Colombia en el 2000, con el llamado Plan Colombia, una iniciativa que duró ocho años a un costo de 7.000 millones de dólares para detener el flujo de la cocaína proveniente de allí. Durante ese tiempo, las fuerzas policiales colombianas, en colaboración con agentes de la DEA, lograron capturar a varios cabecillas de los carteles aunque la violencia un estimado de 44.000 muertes.
Pero como consecuencia de los éxitos en Colombia, los narcotraficantes trasladaron sus cultivos a países como Perú y Bolivia, y los envíos dejaron de hacerse por la Florida y en lugar de ello pasaron por la frontera con México.
Fue entonces que en el 2008 se lanzó la Iniciativa Mérida, a un costo de 1.600 millones de dólares para cuatro años. Ocurrió lo mismo: los cabecillas criminales fueron capturados, pero se incrementó la violencia a medida que los carteles se peleaban las rutas. Se estima que unas 70.000 murieron en seis años.
Los capos de los carteles mexicanos, ante la nueva ofensiva, voltearon la mirada Centroamérica, donde los gobiernos son más débiles y las fuerzas policiales tienden a ser más corruptas.
“Ahora súbitamente, la tendencia se ha revertido”, opina Brick Scoggins, quien dirige las operaciones del Departamento de Defensa en la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe. “Yo diría que los países más al norte como El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice son ahora el centro de atención”.
La iniciativa más reciente es la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, que incluye la Operación Martillo, una operación que lleva un año y que es coordinada por Estados Unidos. La iniciativa no tiene fecha de conclusión y se enfoca en las costas centroamericanas, donde pasa el 90% de las 850 toneladas métricas que van hacia Estados Unidos.
Como parte de la Operación Martillo, 200 marines comenzaron a patrullar la costa occidental de Guatemala en agosto, con helicópteros que sobrevuelan las aldeas en la oscuridad de la noche en busca de los submarinos que usan los narcotraficantes y sus cargamentos de droga. La operación cuenta también con tecnología ultramoderna para interceptar y analizar las comunicaciones entre los narcotraficantes.
El subsecretario de Estado William Brownfield, director de la Oficina de Asuntos sobre Lucha contra el Narcotráfico Internacional, vaticina que la represión en Centroamérica llevará a los criminales a trasladar sus esfuerzos al Caribe.
El objetivo, comentó, es hacerle tan difícil la tarea a los carteles que eventualmente desistan de tratar de enviar drogas a Norteamérica, donde el consumo de cocaína está disminuyendo. Los traficantes se verán obligados a buscar mercados más fáciles y de mayor crecimiento como en Europa o Africa.
Brownfield sostiene que casi toda la cocaína de Perú y Bolivia pasa por Brasil y Argentina rumbo a Europa Occidental. La mayoría de la cocaína que llega a Norteamérica llega desde Colombia, expresó, donde la producción parece estar disminuyendo rápidamente, de 700 toneladas métricas en el 2001 a 195 toneladas métricas hoy, aunque los estimados varían.
Si la iniciativa se torna violencia, insistió, ello es indicio de que la estrategia está dando frutos.
“El derramamiento de sangre tiende a ocurrir y aumentar cuando estas organizaciones — que son grandes, poderosas, ricas, extremadamente violentas y potencialmente sangrientas… caen bajo cierto grado de presión”, comentó.
Pero la estrategia ha resultado contraproducente cuando los otros países resultan demasiado inexpertos o corruptos.
En México, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de profesionalizar a la policía federal. Pero el programa quedó cuestionado cuando policías mexicanos intercambiaron disparos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, dejando tres muertos.
En agosto surgieron más críticas cuando dos oficiales de la CIA que viajaban en una camioneta de la embajada en Ciudad de México fueron emboscados por policías federales mexicanos que trabajaban para un grupo criminal. El vehículo quedó acribillado con 152 balazos y los oficiales resultaron heridos.
También en Honduras la estrategia ha causado problemas.
El año pasado, el Departamento de Defensa gastó 67,4 millones de dólares en contratos militares en Honduras, el triple de lo estipulado en los contratos de defensa allí en el 2002 y mucho más que los 45,6 millones de dólares invertidos en la vecina Guatemala en el 2012. Estados Unidos también gastó unos 2 millones de dólares para entrenar a más de 300 militares hondureños en el 2011, y 89 millones para mantener a la Fuerza Conjunta Bravo, una unidad estadounidense con base en la base aérea Soto Cano.
Más aún, ni el Departamento de Estado ni el Pentágono fueron capaces de explicar 1.300 millones de dólares que fueron a Honduras en el 2011 por concepto de equipos electrónicos para las fuerzas armadas, a pesar de que la cifra equivale a casi a la mitad de todas las exportaciones de armas en el Hemisferio Occidental y es siete veces el tamaño de presupuesto total del Departamento de Defensa de Honduras.
En mayo, al otro lado del país, policías hondureños bajaron en rappel de helicópteros estadounidenses para capturar a traficantes cerca de la aldea hondureña de Ahuas, donde mataron a cuatro personas, al parecer civiles inocentes, y obligando huir a otras que colocaban unos 450 kilos de cocaína en un bote.
El incidente atrajo la atención internacional y provocó pedidos de una investigación cuando la DEA confirmó que agentes suyos estaban involucrados en los helicópteros como asesores. Los habitantes de la aldea dijeron ver comandos que hablaban en inglés allanando las casas justo después del suceso.
Seis semanas después, los habitantes observaban atónitos la exhumación de los restos de las personas que murieron en el incidente. Fueron desenterrados los cadáveres de dos mujeres y dos hombres, que fueron colocados en camillas. Científicos forenses realizaron las autopsias allí al aire libre, buscando heridas de bala o indicios de que las mujeres estaban embarazadas como decían los aldeanos.
La investigación del gobierno determinó que no hubo irregularidades en la misión. En los meses subsiguientes, agentes de la DEA dispararon contra sospechosos en dos incidentes distintos, y Estados Unidos temporalmente suspendió la colaboración de datos de radar con Honduras debido a que aviones hondureños derribaron dos avionetas de los narcotraficantes, en violación a las normas. También se interrumpió la ayuda a la Policía Nacional tras denuncias de que su comandante estaba vinculado a escuadrones de la muerte.
Ahora, el Congreso estadounidense mantiene suspendido el envío de ayuda a Honduras por un valor de 30 millones de dólares, aproximadamente una tercera parte de toda la ayuda de este año.
Sin embargo, no hay planes de reconsiderar la estrategia.
Scoggins, el director antinarcóticos del Departamento de Defensa, vaticinó que las operaciones de Centroamérica irán en aumento los próximos años.
“No me corresponde decir si es o no la estrategia correcta, pero es la estrategia que estamos usando, no sé cuál sería la alternativa”, comentó.
