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El Estado de Guatemala se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, por una serie de supuestas masacres a pueblos indígenas maya entre 1981 y 1986, en el marco del conflicto armado interno que vivió esa nación.
En la audiencia de un día, la CorteIDH escuchará a una presunta víctima, un perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los alegatos finales orales de los defensores de las víctimas, de la CIDH y de los representantes del Estado.
La demanda señala al Estado de Guatemala por una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, trabajos forzosos y violaciones sexuales cometidas por el Ejército en contra de pobladores de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal.
Esto habría ocurrido en el marco de los operativos por parte del Ejército y colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala, según la acusación formulada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda indica que los sobrevivientes de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas se vieron obligados al desplazamiento forzado y sufrieron violaciones del derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos.
Según la CIDH, los hechos de este caso forman parte “del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala” y alega que se encuentran en la impunidad.
Las víctimas de este caso, de acuerdo con la CIDH, son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos ejecutados en Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal entre 1981 y 1986.
Adicionalmente, ocho personas fueron desaparecidas entre 1981 y 1984, sin que se conozca su paradero.
La demanda también incluye a dos mujeres que el 8 de enero de 1982 y el 22 de noviembre de 1982, fueron víctimas de violación sexual, y entre octubre de 1982 y junio de 1985, otra mujer fue víctima de múltiples violaciones sexuales y trabajo forzado bajo órdenes de miembros del Ejército Nacional.
Según la CIDH, los hechos del caso formaron parte de una “estrategia estatal destinada a destruir a un grupo étnico en Guatemala a través de operativos militares, que significaron la masacre de miles de miembros del pueblo indígena maya, la huida de los sobrevivientes y la destrucción de sus economías de subsistencia”.
Tras la audiencia de este miércoles las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los Estados. (EFE)
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